El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, tildó hoy de «injustificada» e «ilegal» la huelga indefinida de los sindicatos previstos a partir de este lunes en el que se rechazó una reforma fiscal, y aseguró que así lo harían ante los tribunales.
EFE
«Este tipo de huelga es ilegal y así es más importante que los tribunales. Con el equipo de Gobierno, tomó las medidas para asegurar que se mantenga el orden público y los servicios esenciales, y que se minimice la afectación a las personas «, dijo Alvarado en una alocución nacional televisada la noche del domingo.
El mandatario lamentó que el paro afecte a las personas que van a sus trabajos, los niños que quedarán sin clases y las personas que esperan atención médica, las cirugías.
«Con más razón, este llamado a huelga es injustificado e improcedente», expresó.
«Como somos estamos ante una encrucijada histórica y tenemos que elegir el camino a seguir. Mi gobierno junto a las leyes actuales y diputadas Estamos tomando el camino de la responsabilidad por un problema que se postergó por décadas «, declaró el presidente.
Diversos grupos sindicales del sector público, entre estos de la educación, salud, energía, transportes y puertos, han anunciado una huelga indefinida a partir del lunes para exigir el retiro de la reforma tributaria llamada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas .
«Confío en el compromiso de las millas de empleados y de las empleadas públicas de presentar a sus puestos a trabajar y el recuerdo a la dirigencia sindical que las puertas de mi Gobierno y que están abiertos al diálogo», manifestó el presidente.
La reforma fiscal tiene como principal iniciativa la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento a un valor de valor agregado (IVA), con la misma tasa, pero que aumenta la cantidad de productos y servicios por gravar.
El proyecto, que busca recaudar cerca del 2 por ciento del producto interno bruto (PIB) en recursos frescos, también incluye la renta global y las modificaciones al impuesto sobre la renta y la renta del capital, así como las inversiones para el contenedor, especialmente, más salarios en el sector público.
Los sindicatos afirman que la reforma tributaria afecta en mayor medida a las clases medias y bajas.
El gobierno ha dicho que el déficit fiscal proyectado al 7,1 por ciento del PIB en 2018 y la deuda que superará el 50 por ciento del PIB, las dos últimas amenazas de la economía del país y que la reforma fiscal para comenzar a corregir la situación.
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