El Ministerio de Hacienda estrechará el cerco sobre bitcoin y las criptomonedas. El anteproyecto de ley de lucha contra el fraude que ha aprobado hoy el Gobierno en Consejo de Ministros incluye nuevas obligaciones para que los poseedores de de criptomonedas declaren cualquier operación. Estas medidas, ha descrito la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, exigirán «la identificación de los titulares y los saldos que aporten estas monedas virtuales».
«Se plantea como obligatorio que personas y empresas informen a la Agencia Tributaria sobre esta operativa», ha señalado la ministra. Asimismo, los españoles «con moneda en el exterior» también deberán informar de sus posesiones en bitcoin y demás en la declaración anual de bienes en el extranjero, el llamado modelo 720.
Junto a ello, el anteproyecto incluirá la prohibición por ley de nuevas amnistías fiscales. Este fue un viejo anuncio del anterior ministro, Cristóbal Montoro, y resulta en una medida de escasa influencia: las amnistías fiscales podrán seguir aprobándose, aunque para ello se deberá reformar la ley antifraude actual, lo que introduce un nuevo escollo, pero poco más.
Los Presupuestos Generales de 1992 ya prohibieron las amnistías fiscales después de que el entonces ministro socialista de Economía, Carlos Solchaga, aprobara un «perdón fiscal».
Tasa Tobin y tasa Google
El conjunto de medidas que incluye el anteproyecto, que incluye la transposición de la directiva europea anti elusión sobre países de «baja o nula» tributación, pretenden recaudar 850 millones de euros. Otro punto que aprobará será la aprobación de sanciones de 150.000 euros al año a aquellas empresas que hagan una contabilidad «en B» a través de programas «software de doble uso».
Junto a ello, el Gobierno también ha aprobado el anteproyecto de ley para crear un impuesto a las transacciones financieras del 0,2% sobre la compra de acciones de cotizadas con un valor de más de mil millones de euros. Montero ha explicado que este gravamen solo afectará al mercado secundario, por lo que apuntará a los intermediarios financieros con una liquidación periódica mensual, y no afectará al mercado primario a aquellas empresas que salgan por primera vez a Bolsa. La liquidación mensual se produce para garantizar que la tasa empiece a regir en cuanto entre en vigor, ya que debido al retraso legislativo, no contemplará el ejercicio completo.
Asimismo se gravarán las «transacciones netas intradía». Es decir, un operador que compra y venda varias acciones en la misma sesión solo se le tomará en cuenta antes de comenzar el día y al cerrar, sin importar las operaciones que se hayan producido entremedias.
Junto a ello ampliará la lista de paraísos fiscales incluyendo a países en base a la equidad fiscal y transparencia, además de bajar el umbral para que entren en la lista de morosos los que adeudan a Hacienda más de 600.000 euros y no por encima de un millón como hasta ahora. En este punto también entrarán los responsables solidarios de empresas deudoras. Y recortará el límite para los pagos fraccionados de 2.500 a mil euros. El Fisco también se reforzará creando una unidad de control de grandes patrimonios, otra de información del Suministro Inmediato de Información de IVA.
El Ejecutivo, por último, también ha aprobado la tasa a los servicios digitales con los que pretende ingresar 1.200 millones con un tipo del 3% a la facturación de las tecnológicas con un volumen de negocio inferior a los tres millones. Ambos se tratan de proyectos en ciernes que Bruselas quiere que sean europeos