Rodrigo Rato se ha colocado este martes detrás del escudo del Banco de España. En su reaparición tras su ingreso en prisión, Rato ha achacado la fusión de las siete cajas que dieron lugar a Bankia al criterio del supervisor bancario, que les marcó el camino sin darles otra opción, según sus propias palabras. El expresidente del banco y exvicepresidente del Gobierno está declarando este martes en el juicio por la salida a Bolsa de la entidad, una vista oral que analiza el salto al parqué de una entidad cuyo rescate bancario amenazó a toda la economía española en 2012.
Apoyado en carpetas de apuntes, el antiguo ministro de Economía ha relatado como el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, conocido como Mafo, le telefoneó en mayo de 2010 y le reunió en su despacho con el subgobernador, Javier Aríztegui, y José Luis Olivas, el antiguo presidente de Bancaja, la caja de ahorros más problemática de las siete que se fusionaron. «Consideraba que las cajas eran perfectamente viables, en un proceso que nos venía dado para poder acceder a capital. Nos dio los pasos que teníamos que dar, no tuvimos muchas opciones», ha manifestado Rato sobre el supervisor bancario, que no se sienta en el banquillo de los acusados en este procedimiento.
El antiguo vicepresidente del Gobierno, que se encuentra encarcelado por su condena por las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia, ha rebatido con dureza, incluso soberbia, los argumentos de la fiscal. Rato ha cuestionado el diagnóstico que la representante del Ministerio Público ha leído sobre lo que pensaba entonces el Banco de España, que según él no coincide con la posición oficial del supervisor. «Tendrá usted que preguntar al Banco de España», le ha espetado el acusado por la salida a Bolsa. Rato ha explicado que la fusión se diseñó ante las exigencias de capital que requería la autoridad bancaria europea para poder acceder a las ayudas públicas que las cajas españolas necesitaban en plena crisis.
La Fiscalía Anticorrupción considera que la salida a Bolsa fue una estafa a los inversores, al contener el folleto informativo de la operación datos falseados que buscaban engañar a los accionistas en busca del mayor capital posible. El Ministerio Pública acusa por este delito a Rato, José Luis Olivas, Francisco Verdú y José Manuel Fernández Norniella, y no descarta añadir el delito de falsedad contable en la última fase del juicio, una acusación que afectaría a los restantes 26 antiguos consejeros acusados, y a las propias entidades Bankia y BFA. Las sociedades seguirán presentes en el banquillo de los acusados, después de que el tribunal haya mantenido en el juicio a todas las acusaciones populares y particulares.
Aun así, al resolver las cuestiones previas, la Audiencia Nacional ha puntualizado que las personas jurídicas no pueden ser responsables del delito de falsedad contable, razón por la que Bankia, su matriz BFA, y la auditora Deloitte solo serán enjuiciadas por el delito de estafa, que le atribuyen algunas de las acusaciones. Bankia invocó la «doctrina Botín» para tratar de quedar exonerado antes de que el juicio se adentrara en el debate de los argumentos. La entidad cuya salida a Bolsa se cuestiona fue finalmente rescatada con más de 22.424 millones de euros de dinero público, de lo que se ha recuperado unos 2.864.