El Gobierno ha dado luz verde a la que quiere que sea su hoja de ruta reformista. El Consejo de Ministros ha aprobado el informe sobre una batería de más de 60 medidas destinadas a impulsar la formación, la transición ecológica, el desarrollo científico y tecnológico y un mercado laboral más justo, a reforzar el Estado del bienestar y avanzar hacia una Administración pública. Todas esas medidas, que involucran a varios ministerios, serán desarrolladas en todo caso a lo largo de los próximos meses y del resto de la legislatura, según ha detallado la ministra de Economía, Nadia Calviño, en rueda de prensa.
«Esta agenda ha vertebrado la acción de este Gobierno desde el primer día y la vertebrará en el resto de la legislatura», ha explicado Calviño, que ha valorado esas medidas puestas sobre el papel —la mayoría aún no en práctica— como «una hoja de ruto a medio y largo plazo». «El necesario poner las luces largas y sentar las bases de un crecimiento sostenible e inclusivo», ha añadido, señalando que a pesar de la conyuntura económica positiva del país y el crecimiento de los últimos años, todavía quedan desequilibrios por corregir, como el paro y el nivel de deuda pública, y ese crecimiento no se ha permitido corregir las desigualdades.
Ahora bien, la única de las medidas de ese paquete que hoy ha sido efectivamente aprovada es un decreto ley de medidas urgentes en Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad, presentada por el ministro Pedro Duque y que tiene como finalidad reducir la burocracia y agilizar los trámites para la contratación de personal en los centros de investigación y las universidades españolas, evitar los retrasos en las convocatorias y mejorar la igualdad. «Había una alta carga administrativa que hacía muy difícil desarrollar proyectos científicos, y que incluso los hacía imposibles», ha justificado Duque, quien ha confiado en que esto impulsará el sistema de I+D+i ay a las universidades.
Las medidas en materia científica y de I+D+i ya están presupuestadas en las cuentas diseñadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para 2019 y que todavía debe ser aprobado en el Congreso de los Diputados. Otras medidas cuentan igualmente con dotación presupuestaria, pero Calviño ha admitido que la Agenda no cuantifica la inversión necesaria para llevarse a cabo, aunque ha confiado en que también el sector privado invierta.
Junto a ello, y en otro ámbito, el Consejo de Ministros ha aprobado una oferta de empleo público específica para atender las necesidades administrativas que pueda generar la salida de Reino Unido de la Unión Europea. En concreto, se crearán 1.735 puestos de trabajo en servicios públicos como vigilancia aduanera, inspección en fronteras, importaciones y exportaciones y extranjería, entre otros, así como en aquellos ministerios que verán incrementada su actividad a raíz del Brexit.