La brutalidad represiva desatada por Maduro, Diosdado Cabello y sus secuaces no debió haber sorprendido a nadie, menos aún, a los que han enfrentado por décadas la opresión castro-chavista en cualquier país de la región, ya que la violencia es parte consustancial de las dictaduras y fundamento esencial del accionar del crimen organizado, principales componentes de esos regímenes.
Asesinar a los opositores, impedir el ingreso de ayuda humanitaria y quemar toda o parte de la asistencia, es connatural a ese tipo de despotismo que se nutren y fortalecen ante la miseria de los gobernados, no obstante, en esta ocasión, la naturaleza del régimen ha quedado al desnudo como nunca antes en el pasado, una realidad que debería afectar a sus servidores internos y a los aliados en el exterior.
Venezuela se ha convertido en una especie de laboratorio político en el que factores domésticos se relacionan con otros que operan fuera de las fronteras nacionales, con la particularidad de que hasta ahora se había observado como los aliados internacionales de una dictadura hacían posible su sobrevivencia. Sin embargo, en esta ocasión quizás se pueda contemplar como una concertación de países democráticos destruye un régimen de fuerza y restaura la democracia perdida en un país victimizado por un proyecto transnacional.
La profunda crisis que padece ese país ha repercutido en el hemisferio de forma nunca antes vista, al extremo, que la tradicional política de no intervención de los gobiernos latinoamericanos en los asuntos internos de otros países ha sido puesta a un lado, porque como dijera el presidente colombiano Iván Duque, “lo que vive Venezuela es un drama, es el drama de una región que por años dejó que la dictadura empezara a cobrar fuerza”.
Esta es una realidad que revela la complicidad de numerosos líderes democráticos del hemisferio con el régimen de Venezuela, una culpa que se extiende a los que no han querido ver la tragedia que asola desde hace décadas a cubanos, nicaragüenses y bolivianos.
Además, por primera vez, aunque todavía no en la dimensión necesaria, los gobiernos latinoamericanos han asumido el protagonismo que les corresponde cuando un país de los calificados como “hermanos” enfrenta una seria crisis de gobernabilidad.
Según el escritor José Antonio Albertini la formación del Grupo de Lima, en el 2017, es una muestra de que al menos algunos dirigentes del hemisferio se han percatado que es necesario asumir las responsabilidades que implica la convivencia y participar en la solución de los problemas sin temer las consecuencias. Afirma el escritor que históricamente la dirigencia hemisférica ha decidido dejar que Estados Unidos resuelva nuestros entuertos para luego lavarse las manos y culpar a Washington de los resultados.
El Grupo de Lima se constituyó para dar seguimiento y trabajar a favor de la solución de la crisis venezolana a la vez que criticaba severamente la ruptura del orden institucional en ese país, una conducta que choca frontalmente con la tradicional política latinoamericana de esconder la cabeza en la tierra como los avestruces.
Los miembros del grupo recientemente reunido en Bogotá, Colombia, con la presencia del presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, y la participación de otros gobiernos, reiteró su intención de fortalecer el cerco diplomático impuesto al régimen de Maduro, incrementar las sanciones y procesar en la Corte Penal Internacional a los responsables de crímenes de lesa humanidad, entre los que cae la destrucción de la ayuda humanitaria.
Sin embargo, al parecer, influenciado por viejas prácticas y ejercitando una ingenuidad muy lejana de la realidad, algunos dirían hipocresía, descartaron en principio la intervención militar, el único recurso que las dictaduras temen porque los autócratas no dejan el poder, hay que sacarlos como lo determinen las circunstancias.
De otra manera, el infierno seguirá empedrado de buenas intenciones y los inocentes seguirán siendo flagelados.
Pedro Corzo es un periodista de Radio Martí.
- el Nuevo Herald