- CCN
El diputado por el estado Mérida, Williams Dávila Barrios, destacó que el discurso de la Asamblea Nacional no tiene una connotación intervencionista, cuando se le consultó en relación al artículo constitucional 187, en su ordinal 11.
El representante de la Comisión de Política Exterior de la AN, también habló claro sobre los mal llamados colectivos y de los grupos terroristas y militares extranjeros que actúan en el país en contra de los venezolanos, con la venía del régimen de Maduro.
- Por ALFREDO CONDE
Williams Dávila Barrios, diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Mérida, en entrevista para CCNesnoticias, explicó que el artículo constitucional 187.11 no implica necesariamente una intervención militar y que tampoco se traduce en una injerencia extranjera. Recordó que el que viola la constitución es el régimen de Nicolás Maduro, porque el artículo 13 de la Constitución dice que Venezuela es un territorio de paz en donde no se pueden instalar ni misiones ni instalaciones de carácter o con propósitos militares, como ocurre en la actualidad con la presencia de uniformados rusos, sin la aprobación de la Asamblea Nacional. Dávila Barrios, quien además es representante de la Comisión de Política Exterior de la AN, presidente de la Comisión Internacional del Parlasur y Secretario Político del CEN del Partido Acción Democrática, no dio puntadas sin hilo cuando habló de los grupos irregulares extranjeros que se encuentran en el país y de los mal llamados colectivos, recién tipificados por el Parlamento como grupos terroristas.
“El artículo constitucional 187.11 hay que entenderlo dentro del contexto que la soberanía no es absoluta, que hay la posibilidad de una cooperación internacional que los países, en este caso Venezuela, puede perfectamente autorizar una misión de carácter militar humanitario”.
EL 187.11
-Hay gente que se impacienta y cae en la desesperanza o quizás sea desesperación por la dura situación que viven. Con respecto al artículo constitucional 187, en su ordinal 11, en las redes sociales se aprecian ambas cosas, porque no ocultan su impaciencia por ver que sea invocado. ¿Qué opina al respecto?
-Por otro lado, la Constitución y el artículo 187.11 le da la facultad a la Asamblea Nacional de autorizar la presencia de misiones que pueden ser de carácter humanitario apoyado por fuerza pública internacional, por ejemplo, yo creo que una salida aquí es la presencia de los cascos azules, ahora es una decisión multilateral y la misma OEA toma decisiones multilaterales.
El hecho de que, por ejemplo, venga al país una misión militar de asesoría científica, técnica, humanitaria, etc., lo podemos permitir porque no los permite a la vez la Constitución y yo creo que a eso se debe llegar, porque puede ser precisamente una misión con el propósito de ayudarnos a fortalecer la presencia del derecho internacional de protección que nosotros los venezolanos también tenemos, sobre todo cuando estamos en presencia de un Estado fallido que usa todas las instituciones para reprimir. Nosotros tenemos el derecho de protección internacional y fíjate tú que eso es un derecho consagrado a nivel del derecho internacional de los derechos humanos y en el caso de la legislación nuestra no se trata de la presencia de una misión de intervención militar, porque estaríamos violando la Constitución, sino sería una misión de carácter humanitario con presencia de una fuerza pública internacional que, repito, pueden ser los cascos azules, puede ser la presencia de una cooperación de fuerzas militares internacionales autorizadas por organismos de cooperación internacional. Eso hoy día es normal porque el concepto de soberanía absoluta no existe. Les digo a los que se apegan a los viejos conceptos de la soberanía absoluta, donde no importa lo que pase en un país siempre y cuando no se metan en el mío, que eso ya no tiene vigencia.
-Vamos a verlo de otro modo –prosigue Dávila Barrios. Ese artículo del 187.11 hay que entenderlo dentro del contexto de que la soberanía no es absoluta, que hay la posibilidad de una cooperación internacional que los países, en este caso Venezuela, puede perfectamente autorizar una misión de carácter militar humanitario ante, por ejemplo, una catástrofe como un terremoto, una inundación; nosotros en estos casos podemos pedir la ayuda. Con lo que pasó en Vargas, perfectamente se pudo hacer. Claro, si en ese momento hubiera existido la Constitución que existe hoy día seguramente ahí no hubiera habido ningún tipo de problema con la presencia de los buques de asistencia que venían de los Estados Unidos y que el gobierno de Chávez en ese momento, frenó. Hay que verlo desde ese contexto y recordar que el régimen es el primero que violenta la Constitución cuando ha permitido la presencia de una misión rusa que ellos mismos han dicho que viene a asesorar el mantenimiento y la reparación de equipos técnicos militares sin la autorización de la Asamblea Nacional, eso sí es injerencia, no es injerencia si la AN lo autoriza porque sería una presencia autorizada por el Parlamento, como establece la Constitución, pero sí sería intervencionismo y sería injerencismo si usted se mete sin la autorización de la AN.
“Les digo a los que se apegan a los viejos conceptos de la soberanía absoluta, donde no importa lo que pase en un país siempre y cuando no se metan en el mío, que eso ya no tiene vigencia”.
LOS GRUPOS TERRORISTAS
-¿Tiene conocimiento de la denuncia muy grave que hizo el domingo el diputado Américo de Grazia, que a través de aviones de Ucrania están saqueando el Arco Minero del Orinoco. ¿Tiene algún conocimiento de la presencia de grupos terroristas en esa región del estado Bolívar?
-No, excepto lo que ha dicho Américo, pero no me extrañaría acuérdate que yo fui con la misión que fue a reafirmar la soberanía en la isla de Anacoco en agosto del 2018 y ahí había presencia del ELN. Nosotros, incluso, pudimos llegar a la isla de Anacoco porque habíamos sido autorizados por el ELN, imagínate tú. Entonces no me extrañaría que toda esa presencia de grupos irregulares y de otras potencias extranjeras en el caso de fuerzas rusas, porque toda esa zona es una zona geoeconómica muy sensible. Allí hay presencia de rusas, empresas indias, empresas norteamericanas, empresas chinas, brasileras… No es cualquier cosa de lo que estamos hablando. Ahí es donde precisamente en aras del 187.11, tú puedes pedir un asesoramiento militar y establecer una misión de orden público en una zona que está tomada por fuerzas irregulares y por otras potencias extranjeras que no son fuerzas militares venezolanas.
-¿Eso mismo aplicaría en el caso de estos paramilitares y terroristas mal llamados colectivos?
-Allí hay una cosa que es muy importante, la AN los declaró terroristas. Hay que seguir presionando para que los metan dentro de ese librito que tiene la comunidad internacional de organizaciones de carácter terrorista y ese es el llamado que yo le hago a los que de repente se incorporaron como colectivos en función de Consejos Comunales, de trabajo político, que no se presten a la acción paramilitar terrorista, porque son delitos de lesa humanidad y van a ser perseguidos aquí y donde sea.
-Bueno, y parece que también tienen características de mercenarios, porque en el Zulia agarraron a uno y confesó que cobra 50 dólares diarios.
-Y qué decir de lo que sucedió en El Vigía, estado Mérida. Allí el CICPC se enfrentó con un grupo de escoltas de un concejal, allá que son todos colectivos y tenían carnet del ejército y mataron a uno de esos colectivos porque los agarraron robando y así ha sucedido en muchas otras partes. Fíjate tú, son grupos protegidos por el Estado, lo que convierte al Estado en actor de delitos de lesa humanidad y por supuesto, cuál es la línea de mando directa, el ministro de la Defensa, el ministro de Relaciones Interiores y por supuesto el Presidente de la República, porque esos sujetos están adscritos o a Relaciones Interiores o a Defensa o de repente a algún otro organismo de otro ministerio como por ejemplo el Ministerio de Educación. Entonces, todos esos ministros son copartícipes ahora y son cómplices de cualquier delito que cometan estos terroristas, porque ya han sido calificados por el Poder Supremo que tiene el pueblo que es la AN, como grupos terroristas. En consecuencia, a los colectivos hay que llamarlos como lo que son: grupos terroristas. Y cualquier crimen, cualquier homicidio culposo que hayan cometido esos grupos, y la línea de mando que tienen, tendrían que ser señalados como actores de delitos de lesa humanidad y responder a la justicia nacional e internacional.
“El llamado que yo le hago a los que de repente se incorporaron como colectivos en función de Consejos Comunales, de trabajo político, que no se presten a la acción paramilitar terrorista, porque cometen delitos de lesa humanidad y van a ser perseguidos aquí y donde sea”.
ARCO MINERO: UN PROBLEMA REGIONAL
-Ese problema que cité del Arco Minero, con la presencia de militares rusos, compete y afecta también a otros países de la región.
-Por eso te digo, nosotros perfectamente podemos pedir la asesoría de una misión militar porque estamos en presencia de fuerzas militares allá en Bolívar de otros países y de grupos armados irregulares. Que algunos piensen que son grupos armados cualquiera, no, son grupos terroristas irregulares, además sumado a grupos irregulares nuestros, entonces no es cualquier cosa. Hay que verlo con la justa dimensión de lo que corresponde y no ponerle tanta explicación a una cosa que está inserta en lo que significa hoy el derecho de injerencia. La comunidad internacional no puede quedarse indemne cuado en un país se cometen actos de genocidio contra la población.
-También ha salido por ahí la posibilidad de que se pueda lograr un convenio con la DEA para incluir en la lista de narcotraficantes y desalojar del país a los que han sido señalados por este delito de carácter internacional, como los que integrarían el llamado Cartel de los Soles, contra quienes pesarían pruebas contundentes e irrefutables.
– Ojala. Es que a la DEA el primero que la saca del país es (Hugo) Chávez porque no le interesaba que aquí estuviera, sin que sea la DEA, como se dice, un dulce de lechosa, hay de todo, no… El tráfico de drogas, el narcoterrorismo son delitos de lesa humanidad, son delitos contra la paz y contra la convivencia. Eso tenemos que atacarlo nosotros. En otros países como en Colombia vivieron guerras, precisamente en el año 1989, asesinatos de todo tipo porque el narcotráfico le declaró la guerra al Estado. Ahorita tenemos un Estado fallido y el Estado legítimo que representa Juan Guaidó, tiene que declararle la guerra a los grupos del narcotráfico que de hecho existen en Venezuela.
Twitter@Alconde
- Foto Principal / Diputado Williams Dávila Barrios.