La administración de Nicolás Maduro tiene la intención de incrementar la persecución y la represión de la oposición con el establecimiento de los llamados tribunales populares. No se trata de una insinuación o de una interpretación: Hugo Chávez consideró crearlos en 2007 y Nicolás Maduro en 2014, 2015 y 2017. También formaron parte de las promesas de algunos dirigentes postulados a las votaciones de la asamblea nacional constituyente hace dos años.
La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia los califica como un brutal retroceso en materia de derechos humanos. “El hecho de ir a tribunales populares ha sido señalado como una forma de persecución y de aplicar lo que se ha llamado el ‘derecho penal del enemigo’, que se basa en ir contra las personas que se consideran peligrosas para el sistema de gobierno, aquel que piensa diferente al gobierno”, indica la abogada Ana Leonor Acosta, miembro de la ONG.
Para Acosta el motivo es claro: crear un estado anárquico que permita con mayor facilidad ejecutar órdenes directas de quien detenta el poder y al servicio del partido de gobierno. “Nos preocupa muchísimo que se ha pedido públicamente en el caso del presidente encargado Juan Guaidó que se lleve al paredón de fusilamiento. Esto es alarmante en cuanto a derechos humanos, un retroceso increíble”.
La organización no gubernamental Acceso a la Justicia considera que los tribunales populares son parte de una estrategia general que busca llevar al país a la anarquía jurídica con intenciones políticas. “El primer paso lo dieron con la introducción de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en la represión de protestas y ahora con los tribunales populares Venezuela estaría fuera de cualquier marco de regulación jurídica y estaríamos en un Estado de hecho 100%”, advierte Alí Daniels, director de esa ONG.
Subraya que están concebidos como los comisarios políticos de un régimen que califica de totalitario. Además, asegura violan pactos y tratados internacionales. “Un delito establecido en el artículo 7 del estatuto de Roma, de lesa humanidad, que es el delito de protección, que estaría acompañado de detención arbitraria en el caso de que la dicten o si cumplen medidas que impidan la transmisión de un medio de comunicación social, que impidan una opinión o inhabilite a un ciudadano”, explica.
El diputado a la Asamblea Nacional, Juan Miguel Matteus, destaca que los tribunales populares son propios de regímenes totalitarios. “Sean fascistas o comunistas, usan una justicia impartida por el líder, que evocando al pueblo, administra sanciones sin institucionalidad ni referencias legales o constitucionales”.
Hispanopost
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