- La presión internacional va en aumento, 55 países han expresado su apoyo a Juan Guaidó y 41 naciones emitieron sanciones contra personas vinculadas a Maduro.
as sanciones de diversos países han alcanzado ya a 140 ciudadanos venezolanos, de los cuales 130 han sido señalados por violación a los derechos humanos, 13 por narcotráfico, aunque realmente 7 son personas ligadas de alguna forma al gobierno, y 5 con pasaporte venezolano que tienen nexos con la organización islámica libanesa Hezbolá, señalada como terrorista por Estados Unidos y Europa.
Estados Unidos designó entre sus listas a 94 personas y 6 empresas importantes entre ellas Petróleos de Venezuela, Minerven y desde el viernes el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela aproximadamente otras 20 de menor calado en el país también fueron incluidas, además de 23 embarcaciones de la petrolera. Las sanciones comenzaron en 2014 y se han extendido en 2017, 2018 y 2019.
Además, según palabras del enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, 600 personas tienen sus visas revocadas y cuentan con prohibición de ingreso a ese país. Además se ha penado a la criptomoneda Petro y los estadounidenses tienen prohibido negociar con alguna de las personas sancionadas.
Freddy Bernal, protector del estado Táchira, es el único con doble sanción impuesta por los estadounidenses que está en dos programas, el de Venezuela y el de narcotráfico.
Otras naciones que también sancionaron a los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro son Canadá, que en 2017 señaló a 56 personas del gobierno chavista y les impidió la compra de armas –hay que recordar que entre abril y julio de ese año más de 125 venezolanos fueron asesinados por la represión de cuerpos de seguridad y paramilitares- e imposibilidad de entrada a ese país o de negociar con ciudadanos canadienses.
Este 15 de abril sancionó a otros 43 funcionarios con lo que la cifra aumentó a 99 venezolanos penados por Ottawa.
Le sigue Panamá que estableció sanciones a 55 venezolanos por violaciones de Derechos Humanos y corrupción además de 16 entidades que son consideradas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
En 2017 y 2018, la Unión Europea también tomó medidas similares de prohibición de negociación, ingreso en territorio de los 28 y de venta de armas a siete funcionarios del gobierno que también son penados por violación a los Derechos Humanos y corrupción. A estos 28 países se sumaron otras 8 naciones europeas pero que no están incluidas en el espacio del bloque.
Suiza, una nación históricamente neutral a los conflictos, rompió con su tradición y en 2017 congeló activos y prohibió tránsito en su territorio a 7 venezolanos señalados por violaciones a los Derechos Humanos y corrupción.
De igual forma la Confederación Helvética vetó el suministro de equipos que pudieran servir para seguir e interceptar comunicaciones por teléfono y por internet –otra faceta de la represión del gobierno de Maduro-. Asimismo, castigó la venta, suministro, exportación y tránsito a Venezuela de armas y bienes que puedan usarse para la represión.
Colombia tomó medidas que están en el marco del Grupo de Lima e impide la entrada a más de 300 personas, no sólo cercanas a Maduro, también a sus familiares y, como bien dice el gobierno colombiano, solo si deciden colaborar para desenmascarar a Maduro podrían ingresar al país.
Costa Rica, otro país conocido por su equilibrio y neutralidad, también prohibió la entrada a individuos como el ministro Vladimir Padrino López.
Estos dos últimos países forman parte de los 14 que conforman el Grupo de Lima, naciones que continúan con el cerco diplomático y evalúan acciones financieras, como rechazar capitales de dudosa procedencia y solo reconoce a los funcionarios designados por el presidente interino Juan Guaidó.
El Estimulo