Este jueves 23 de mayo, por medio de las redes sociales, se revelaron tres fotografías del reportero gráfico, Jesús Medina Ezaine, en la la celda de castigo de la cárcel militar de Ramo Verde.
“Así el ejército tenía en la celda de castigo llamada ‘tigrito’, al reportero Medina Ezaine”.
Antes de filtrase esta imágenes, Human Rights Watch había dicho que el régimen de Nicolás Maduro debería liberar inmediatamente a Jesús Medina, quien se encuentra arbitrariamente detenido desde hace casi nueve meses por su trabajo periodístico.
A esta pronunciamiento se sumó el Comité para la Protección de los Periodistas (Committee to Protect Journalists, CPJ).
Está previsto que Medina sea llevado ante un juez para su audiencia preliminar, que se ha postergado ocho veces, el 23 de mayo de 2019. El 29 de agosto de 2018, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvieron a Medina, que ejercía como fotoperiodista para varios medios. Formaba parte de un equipo de periodistas que trabajaba en un proyecto de investigación en el hospital de Caracas, señaló el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Se encuentra detenido en la prisión militar Ramo Verde. (El único otro periodistadetenido actualmente en Venezuela cumple arresto domiciliario, según investigaciones del CPJ).
“Las autoridades venezolanas deberían desistir de inmediato de los cargos absurdos contra Jesús Medina y dejar de buscar pretextos para prolongar su detención preventiva”, expresó Natalie Southwick, coordinadora para América Central y del Sur del CPJ. “Encarcelar a periodistas y criminalizar al periodismo no pondrá fin a la profunda crisis que atraviesa Venezuela, ni la ocultará del mundo”.
El 31 de agosto, Medina fue acusado de varios delitos, incluidos los de incitación al odio, lucro ilegal en actos de la administración pública y asociación para delinquir, señaló un abogado que integra el equipo que asumió su defensa y pertenece a la organización de derechos humanos venezolana Foro Penal. El abogado manifestó que el expediente penal no incluye ningún análisis legal ni fáctico que fundamente estas acusaciones. Conforme a los imprecisos términos de la ley contra el odio de Venezuela, el delito de “incitación al odio” se pena con hasta 20 años de cárcel. La ley fue promulgada en noviembre de 2017 por la Asamblea Constituyente, conformada por miembros leales a Maduro y creada para arrogarse las facultades legislativas de la Asamblea Nacional, integrada por una mayoría opositora.
-con información de Alberto News / HRW