La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), interpondrá un recurso por inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, aprobada por la Asamblea Nacional.
Carla Sequeira, directora de Asesoría Legal de la CPDH, indicó que la ley violenta el derecho al acceso a la justicia y deja en la impunidad los crímenes considerados de “lesa humanidad”, que denunció el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) luego de finalizar su misión en el país.
La abogada explicó que desde el momento de su publicación, cualquier persona tiene derecho a recurrir en contra de la ley. El recurso será interpuesto ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
«En estos momentos estamos documentando todo para hacer un informe. No sabemos si se le dará trámite, pero estamos agotando todas las vías internas, antes de interponer denuncia ante organizaciones internacionales», explicó la abogada Sequeira.
La posición de la CPDH fue dada a conocer por un comunicado en el cual destacan que la ley “encubre y deja impune, todos los crímenes cometidos por el Estado a través de sus instituciones y por los grupos que han actuado bajo su facilidad y respaldo”.
«Anula la posibilidad de investigar, juzgar, condenar y reparar el daño causado a las víctimas de la represión estatal. Provoca la indefensión de las personas que son perseguidas por sus opiniones políticas y que ha ejercido el derecho a la protesta pacífica, restringe mediante Ley el ejercicio de los derechos constitucionales a la libertad de expresión, reunión, movilización y protesta pacífica», dicta el comunicado de la CPDH.
Según la ONG, con la aprobación de esta ley, el Estado pretende evadir las violaciones a derechos humanos que le han señalado los organismos internacionales, las cuales también son respaldadas por la CPDH.
La Ley de Amnistía entró en vigencia este lunes al ser publicada en el diario oficial La Gaceta y estable que “las autoridades competentes no iniciarán procesos de investigación, deberán cerrar los procesos administrativos iniciados y los procesos penales”, para “perdonar” a las personas involucradas en los hechos ocurridos desde el 18 de abril del 2018.