Los abogados y notarios públicos pasarán a ser sujetos obligados a informar de las actuaciones o acciones sospechosas de sus clientes, con lo que se violentaría el sigilo profesional, según la iniciativa de reforma a la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que la Presidencia de la República remitió este jueves a la Asamblea Nacional.