El TSJ metió retroceso. En dos sentidos: en cuanto a que no pudo avanzar como representante legal y político de la tiranía contra las universidades autónomas en la aplicación de un plazo definitivo, 2 de abril, para las elecciones impuestas de autoridades rectorales, y en cuanto a que insiste en un proceso retrógrado aplicado a las universidades para conculcar lo que queda en ellas de libertad académica.