A tan solo horas de que el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, exigiera respuestas sobre el caso de la estación de servicio clandestina ubicada en la urbanización Cerro Verde del municipio mirandino de Baruta, se conoció que el Tribunal 36 de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dictó privativa de libertad en contra del principal indiciado en el caso, Jesús Ramón Soto, propietario de la vivienda donde fue detectada la instalación con 3 mil litros de gasolina.
Los delitos que le imputaron al constructor fueron contrabando de extracción, tráfico ilícito de material estratégico y legitimación de capitales. El primero está previsto y sancionado en el artículo 59 de la Ley Orgánica de Precios Justos, y los dos siguientes en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, artículos 34 y 35 respectivamente, indicó una nota del Ministerio Público difundida este jueves 16 de abril.
Asimismo, el tribunal decidió bloquear las cuentas de Jesús Ramón Soto, y prohibir enajenar y gravar sus bienes.
La persona detenida posee empresas constructoras no solo en el país, sino también en Panamá y Estados Unidos. En el caso de Venezuela, su compañía, Corporación Exxa Internacional C.A. (CEICA), ha logrado contratos de la Misión Vivienda, al igual que con la Comandancia General de la Armada, la Gobernación de Mérida, del Ministerio del Ambiente, entre otros entes públicos del régimen chavista.
EL “MAZAZO”
Apenas la noche de este miércoles, Diosdado se había pronunciado sobre este caso, manifestando que “si eso hubiera ocurrido en Catia, hubieran tenido a los responsables amarrados. Yo quisiera saber quién fue ese señor. Vi que a un guardia lo metieron preso y lo mostraron. Éste está detenido, pero quién es el tipo, pues”.
El “mazazo” vino luego que se conociera de forma extraoficial que Jesús Ramón Soto había quedado en libertad, a pesar de los delitos de los que era acusado, además de que el rostro de este empresario nunca fue mostrado a través de los medios públicos, como suele hacerse en estos casos, ni se difundió a través de las minutas policiales en las que reseñan este tipo de hechos delictivos.