Las fuerzas especiales venezolanas han llevado a cabo miles de ejecuciones extrajudiciales en los últimos 18 meses y luego han manipulado las escenas del crimen para hacer parecer que las víctimas se resistían al arresto, dijo la ONU el jueves en un informe que detalla los muchos abusos del gobierno contra los opositores políticos.
Las fuerzas de acción especial descritas por los testigos como «escuadrones de la muerte» mataron a 5.287 personas en 2018 y a otras 1.569 a mediados de mayo de este año en lo que el gobierno venezolano denomina oficialmente «Operaciones para la Liberación del Pueblo», dijeron los investigadores de la ONU.
Con una descripción detallada de un sistema de opresión sin ley, el informe dice que el número real de muertes podría ser mucho mayor. Cita informes de grupos independientes que indican que hubo más de 9.000 muertes por «resistencia a la autoridad» durante el mismo período.
«Hay motivos razonables para creer que muchos de estos asesinatos constituyen ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad», dicen los investigadores.
El informe, que la jefa de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, presentará al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra el viernes, contiene una crítica mordaz al gobierno embargado del presidente Nicolás Maduro y a la forma en que ha manejado el empeoramiento de la crisis política y económica en Venezuela.
Según el informe, desde 2016 el Gobierno ha aplicado una estrategia «destinada a neutralizar, reprimir y penalizar a los opositores políticos y a las personas que critican al Gobierno».
La cancillería venezolana rechazó los hallazgos el jueves, diciendo que el informe ofrecía una «visión distorsionada» que ignoraba gran parte de la información presentada por el gobierno a los investigadores de la ONU.
«El análisis no es ni objetivo ni imparcial», dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores en una declaración, enumerando los muchos errores que encontró. «Se hace demasiado hincapié en los puntos negativos y se ignoran o se restan importancia a los avances o medidas apropiadas en el ámbito de los derechos humanos.
Las fuerzas de acción especial, conocidas localmente como FAES, son nominalmente responsables de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia, pero los funcionarios de derechos humanos de las Naciones Unidas dijeron que temían que el gobierno utilizara estas y otras fuerzas de seguridad «como una herramienta para infundir miedo en la población y mantener el control social».
Las familias de los 20 jóvenes asesinados el año pasado describieron un patrón de violencia en el que las unidades del FASS llegaron en camionetas sin marcas, vestidas de negro y con el rostro cubierto con pasamontañas.
Irrumpieron en las casas, confiscaron propiedades y asaltaron a las mujeres, obligando a algunas a desnudarse. Luego «separaron a los jóvenes de los demás miembros de la familia antes de dispararles», informaron los investigadores.
En todos los casos descritos a los investigadores, los autores manipularon la escena del crimen. «Plantaron armas y drogas y dispararon contra las paredes o en el aire para sugerir un enfrentamiento y demostrar que la víctima se había resistido a la autoridad», decía el informe.
Los investigadores dijeron que también habían documentado la ejecución de seis jóvenes durante una de las redadas en sus casas, los asesinatos se llevaron a cabo en represalia por su participación en las manifestaciones contra el gobierno.
Cinco miembros de las fuerzas especiales fueron condenados por intento de asesinato y otros delitos en 2018, y otros 388 están siendo investigados por abuso, según el informe. Pero pocas víctimas, según el informe, tienen acceso a la justicia o a reparaciones de cualquier tipo.
El informe también describe los abusos comunes de los servicios de seguridad e inteligencia contra los detenidos por motivos políticos. En la mayoría de los casos, los hombres y las mujeres fueron sometidos a una o más formas de tortura, como descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, submarinos, palizas y violencia sexual. Las mujeres fueron arrastradas por el pelo y amenazadas con ser violadas, según el informe.
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Según el informe, las detenciones no tenían a menudo ningún fundamento jurídico, lo que indica que más de 2.000 personas fueron detenidas por motivos políticos en los cinco primeros meses del año y que más de 720 seguían detenidas a finales de mayo.
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Un miembro de las Fuerzas de Acción Especial que participa en una operación de seguridad.
Un miembro de