Existe una correlación negativa entre la pandemia y la justicia, como consecuencia de un confinamiento sin previsión, que ha generado la paralización de la justicia, en términos del funcionamiento del derecho formal, es decir de la administración de justicia. Esta paralización de la justicia ha dejado su funcionamiento, en manos de los organismos auxiliares de la justicia: Los cuerpos policiales y de seguridad. Este funcionamiento ha sido asumido en forma de “manus militaris” por dichos cuerpos y la aplicación del derecho se ha venido ejecutando a través de operaciones materiales que se caracterizan más, por el ejercicio de la fuerza, que por la garantía de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Este estado material o uso de la fuerza pública, policial o de seguridad, se realiza a discreción, aprovechando la soledad del confinamiento de la pandemia y de la practica paralización de la justicia. En este solitario entorno es donde la brutalidad policial y las redes de extorsión surgen como actos “normales” en los procedimientos policiales, violandose los derechos más fundamentales del ciudadano, como lo son el derecho a la vida, a la libertad y el derecho de expresión e información.