La compañía mexicana Libre Abordo, que hizo intercambio con el Gobierno venezolano, junto a Schlager Business Group, anunció el domingo 31 de mayo, que está en bancarrota tras perder más de 90 millones de dólares. El acuerdo bajo el que se manejaban, era el de “petróleo por alimentos”, reseñó Reuters.

Con relación a los últimos meses, la empresa refirió vía comunicado, que ambas corporaciones enfrentaron retos “desmedidos” que fueron desde la caída de los precios de petróleo; pasando por “campañas de desprestigio”, además de la presión que “el Gobierno de Estados Unidos ejerció para detener nuestras operaciones”.

Aunque el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el enviado especial para Venezuela, Elliott Abrams, aseveraron a la prensa que el Departamento de Estado y el del Tesoro investigaban si varias empresas violaban las sanciones impuestas a la petrolera estatal venezolana PDVSA a partir de enero de 2019, Libre Abordo reiteró a Reuters que “ni las compañías navieras contratadas para realizar los movimientos del hidrocarburo de PDVSA son sujeto de sanción, primaria o secundaria, por parte de Estados Unidos”.

El medio citado reveló que el FBI investiga a varias compañías mexicanas y europeas, que están involucradas presuntamente, en el comercio de petróleo venezolano.

Tres voceros que proporcionaron información al FBI y que pidieron el anonimato, expresaron que la agencia seguía los pasos de Libre Abordo, Schlager Business Group y Grupo Jomadi Logistics & Cargo.

“La presión política internacional llevó a Libre Abordo y Schlager a dejar de levantar cargamentos de crudo Venezolano”, dijo Libre Abordo. “Desafortunadamente, hoy la empresa se encuentra en quiebra e, incluso, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el fin de nuestros acuerdos de intercambio”.

Nicolás Maduro afirmó el 30 de mayo, sin mencionar los nombres de las empresas, que “nos tumbaron el acuerdo de intercambio”.

Según Reuters, Libre Abordo reiteró, tras citar a expertos legales que contrató, que los convenios que fueron firmados en 2019 con la estatal Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), para diversos intercambios estaban permitidos bajo las sanciones que impuso Washington siempre que no hubiera pagos en efectivo al gobierno de Maduro”.