“La crisis se ha exacerbado por el incremento de las sanciones sectoriales y por la pandemia del covid-19”, decía la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la semana pasada, luego de publicar un avance del informe que deberá presentar en el mes de septiembre. Después vendría una narrativa para mi gusto superficial, sobre lo que ha sido la represión y persecución que, desde julio de 2019 hasta el día de hoy, ha sucedido en nuestro país, con respecto a las detenciones arbitrarias, las torturas y tratos crueles, las desapariciones forzadas temporales, las ejecuciones extrajudiciales, la represión contra etnias indigenas y todas las violaciones de derechos humanos, civiles, políticos y económicos que la dictadura ejecuta en las narices de los representantes de ACNUDH en Venezuela, y que le dan la razón a todos los países que han sancionado a funcionarios del régimen, violadores de derechos humanos y corruptos, que no solo siguen utilizando nuestras riquezas naturales para enriquecerse personalmente, sino que además, usan sus dividendos para financiar movimientos ideológicos en el exterior, financiar petróleo y gasolina para Cuba, financiar el alto costo que deben pagar para mantener sus estructuras represivas internas, como los colectivos, las FARC, el ELN, entre otros que les son fieles.