Tras cinco meses de restricción en la venta y distribución de especies alcohólicas a raíz de la cuarentena decretada a mediados de marzo pasado, unos 150.000 empleos directos y al menos 500.000 indirectos del sector licorero secundario están en riesgo, por lo que representantes de esta área de la economía solicitan al gobierno flexibilizar la prohibición de venta a fin de permitir su supervivencia.