Estoy obligado a insistir en una cuestión sobre la que me he referido en algún artículo previo: está en marcha, en varios países de América Latina y Europa, una estrategia político-institucional para que los sistemas judiciales se transformen en potentes herramientas de demolición de los regímenes democráticos. Dicho más claramente: se trata de utilizar los tribunales para que contribuyan a la deslegitimación de las instituciones y al descrédito de los liderazgos democráticos. El objetivo primordial de la estrategia consiste en deteriorar o romper el vínculo de confianza entre los ciudadanos y la estructura democrática, basada en la separación de los poderes y las libertades.