El reciente informe de la Misión Internacional Independiente, designada por la resolución 42/25 de fecha 27 de septiembre de 2.019, del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela, ha generado, a nivel global, un significativo impacto político, no solo por las contundentes y precisas conclusiones ofrecidas, sino por la negativa del régimen a cooperar para adelantar una investigación sin interferencias, con acceso directo a los escenarios y fuentes de los hechos bajo investigación.