Antes referimos que, a partir de 1998, luego de la firma del Estatuto de Roma o de la Corte Penal Internacional, surgió la esperanza de que no queden impune en Venezuela los delitos inherentes a la violación de los DDHH y crímenes de guerra y de lesa humanidad por falta de justicia en el país, a consecuencia de las propuestas “revolucionarias” de este manido y disparatado régimen de gobierno surgido de la locura del militarismo chavista. Dicho Estatuto entró en vigencia a partir de julio de 2002.