Representantes de la Red de Comisiones y Colectivos Ciudadanas por la Transparencia y Probidad (REDNAC-TP), presentaron hoy un informe de auditoría social y hallazgos de la fiscalización a los programas para atender a la pandemia.
Luis Comá, coordinador de la REDNAC-TP señaló que las comisiones solicitaron información pública y realizaron un monitoreo de los recursos destinados a reducir los efectos de la pandemia. El grupo resalta la falta de eficiencia y eficacia del gasto y ausencia de controles gubernamentales de entidades como la Contraloría General de Cuentas.
Diputados de la bancada Winaq acompañaron al colectivo en la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Congreso de la República.
Hallazgos
La Red presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra de las autoridades del Municipio de Amatitlán por los delitos de fraude y peculado. El colectivo considera que existe una sobrevaloración de hasta Q56 mil en la compra de kits de medicamentos para el tratamiento de COVID-19.
Reportaron que la Municipalidad de Santiago Atitlán recibió 250 cajas de alimentos que fueron entregadas a personas que apoyaron al alcalde en las elecciones pasadas y los listados de beneficiarios fueron elaborados por los sobrinos y la hermana del jefe edil. También observaron que se dio apoyo a extrabajadores y trabajadores de la comuna y a proveedores de la Municipalidad.
Además, existen dudas en la entrega de los kits Juntos Saldremos Adelante en Chimaltenango donde no se especificó quiénes eran los beneficiarios y en Petén donde se utilizaron como pago a personas que participan en el combate de incendios forestales.
Las Comisiones también cuestionaron algunas adquisiciones del Ministerio de Educación relacionadas a equipo de protección que no fue entregado en algunas comunidades. Asimismo, pidieron a la Contraloría General de Cuentas auditar el Programa de Alimentación Escolar y los insumos que compran las Organizaciones de Padres de Familia por supuesta sobrevaloración y procedimientos que benefician a proveedores específicos.
Según el informe, 12 establecimientos educativos de Chiquimula recibieron un primer desembolso del programa, sin tener alumnos inscritos. Mientras que un grupo de 482 alumnos de 44 establecimientos que no cuentan con una Organización de Padres de Familia no recibieron el beneficio en los meses del pico de contagios en el país.