El Estado de Guatemala presentó hoy a la Secretaría de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, Países Bajos, una demanda por el reclamo territorial, insular y marítimo en contra de Belice.
El país reclama todos los derechos heredados de España al momento de la independencia en 1821 según indica un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).
La cancillería informó que según el procedimiento jurídico de la CIJ, el Estado de Belice hasta junio de 2022 tiene plazo para responder la demanda por medio de una contra demanda.
Luego de que Guatemala y Belice confirmen sus memoriales, se abrirá un periodo de presentación de argumentos orales.
Equipo jurídico de Guatemala
Un equipo integrado por juristas internacionales especializados en litigar ante la CIJ representa a Guatemala en el caso de la demanda por el territorio de Belice.
Entre los representantes legales está el jurista francés Alain Pellet, que conoce el caso desde hace 20 años y el ex presidente de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas; Rodman Bundy.
Así como Alina Mirón, abogada rumano-francesa, profesora de Derecho Internacional, experta en Derecho Marítimo; el inglés Sir Michael Wood, considerado como uno de
los abogados internacionales más destacados, ha litigado para muchos gobiernos en casos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la Corte Europea de Derechos Humanos (ECHR) y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
También el argentino Marcelo Kohen, profesor de Derecho Internacional en el Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo de Ginebra, Suiza, miembro titular y Secretario General del Institut de Droit International.
El equipo de abogados internacionales también es acompañado por asesores, un grupo de abogados, historiadores, archivistas, traductores, diplomáticos y paleógrafos guatemaltecos.
Documentos bajo reserva
La memoria que presentó Guatemala ante la CIJ consta de ocho volúmenes que suman 4,813 páginas.
El Minex indicó que el contenido de la demanda no es público porque según el Artículo 53, párrafo 2 del Reglamento de la CIJ establece que La Corte podrá, después de informarse de la opinión de cada una de las partes, decidir qué ejemplar de los alegatos escritos y de los documentos anexos a los mismo se hagan accesibles al público a la apertura del procedimiento oral o con anterioridad.