El derecho constitucional del ciudadano a estar informado debió prevalecer en la petición para la divulgación de las grabaciones de los procesos judiciales que enfrentó Andrea Ruiz Costas en busca de protección, tal y como ocurrió en la concesión de la transmisión del inicio de la vista preliminar contra el exboxeador Juan Manuel López, imputado por violencia de género, coincidieron expertas.