Con ocasión del debate existente en el seno de nuestra sociedad, sobre el planteamiento de exigir al régimen madurista el respeto del derecho a revocar, consagrado en el artículo 72 de la Constitución Nacional, mediante el cual los ciudadanos podamos decidir de forma libre, pacífica, democrática y constitucional el destino del país, se han suscitado, como es natural, reacciones de diversa naturaleza que merecen ser examinadas para comprender mejor el comportamiento de determinados actores políticos y las posibles consecuencias a derivarse de las mismas. Intentaré una primera clasificación de los ciudadanos, y especialmente de los actores políticos, en razón de sus posiciones frente a este evento.