Cuba, Nicaragua, Venezuela, y otros países latino americanos, han aprobado -o están por aprobar- leyes que regulan los recursos que se pueden percibir, por concepto de cooperación internacional, por parte de las organizaciones de la sociedad civil, así como el destino que se le pueda dar a tales recursos. La intención es, entre otras cosas, cortar el financiamiento a organizaciones que se ocupan de la defensa de los derechos humanos, del acceso a la información pública, de la distribución de ayuda humanitaria, de la protección del medio ambiente, de la investigación y denuncia de casos de corrupción, de la transparencia en los actos de la administración pública, y, en general, de la mejora en las condiciones de vida de la población, dentro de un margen más amplio de libertad.