La Conselleria de Justicia, dirigida por la socialista Gabriela Bravo, ha elaborado el modelo que contempla multas de hasta 3.000 euros a los clientes y reconoce a las mujeres como víctimas de violencia de género Leer
La Generalitat propone a los ayuntamientos una ordenanza de abolición de la prostitución con la que presionar al Gobierno de Sánchez