El caso de la menor con trastorno del espectro autista, quien fue violada y embarazada presuntamente por su padrastro, levanta interrogantes sobre la responsabilidad de diversas instituciones y adultos del entorno comunitario de la niña, quienes tenían el deber de alertar a las autoridades ante la mera sospecha de maltrato infantil y contra alguien de la población de diversidad funcional, que es más vulnerable a este tipo de agresión.