La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), manifestó su rechazo a las iniciativas de ley contra ciberdelincuencia e iniciativa que pretende fortalecer las fuerzas de seguridad, con las cuales “el Congreso pretende criminalizar las publicaciones periodísticas y las críticas en plataformas digitales, como también promover el uso indiscriminado de fuerza letal en manifestaciones ciudadanas”.
A decir de la APG, dichas propuestas están dirigidas a menoscabar los derechos de libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de manifestación y continuar implantando un ambiente general de censura y autocensura.
“La primera de estas, la Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia, Decreto 39-2022, busca criminalizar las críticas, investigaciones o publicaciones que a criterio de las autoridades incurran en acoso (Artículo 19) y las publicaciones periodísticas que se basen en filtración electrónica de datos o información (Artículo 9), como sucedió con la investigación por actos de corrupción en el caso de la minera rusa que opera en Izabal, publicada a inicios de año”, señala la Asociación.
Según el análisis de la APG, las posibles sanciones a periodistas por delitos contemplados en esta ley también alcanzarían a socios y accionistas de los medios, y en caso de sentencia, las autoridades podrán disponer de los objetos utilizados en el “delito”, lo que conllevaría el decomiso de dispositivos como computadoras, celulares o discos duros utilizados por el medio para albergar y publicar la información.
La APG argumenta que aunque en los artículos señalados indica que se excluirán los casos de libertad de expresión reconocidos en los convenios y tratados aprobados por Guatemala, “no existe la garantía de que funcionarios, empleados públicos, políticos y sus allegados, en contubernio con el sistema de justicia, no empleen esta norma para perseguir a medios, periodistas, ciudadanos u organizaciones sociales”.
Además, señalan que la iniciativa 6076 “Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala”, busca involucrar a las fuerzas castrenses en la disolución de manifestaciones ciudadanas y brindarles la potestad a los órganos de seguridad de utilizar fuerza letal en estas circunstancias.