El Grupo Parlamentario de Oposición (GPO) interpuso una acción de amparo en contra de la Iniciativa 6076, la cual faculta a la Policía Nacional Civil (PNC), Ejército de Guatemala, Sistema Penitenciario (SP) y Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) a utilizar la fuerza en contra de manifestantes.
El GPO, representado por el diputado Orlando Blanco, Jairo Flores y Aldo Dávila, presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por considerar que la iniciativa constituye una violación de derechos. Blanco señaló que la normativa “responde a intereses políticos, espurios, es retrógrada y anacrónica porque riñe con la Constitución y convenios y tratados internacionales”.
Asimismo, Blanco indicó que con el amparo buscan dejar sin efecto el intento de reprimir a la población, porque no es una iniciativa en contra de los delincuentes “sino es en contra de la ciudadanía que quiera alzar la voz en contra de cualquier funcionario; únicamente le está dando, a las fuerzas de seguridad, licencia para matar” dijo.
Según el GPO, con esta iniciativa se estaría limitando el ejercicio de la libertad de acción, derecho de reunión y manifestación y libertad de emisión del pensamiento, lo cual significaría una regresión de los derechos humanos.
Los diputados indicaron que de ser aprobada la iniciativa se establece “un espacio de discrecionalidad y arbitrariedad, en la que ante cualquier acto de protesta o denuncia contra el Presidente de la República u otro funcionario del Organismo Ejecutivo, la SAAS podrá utilizar arbitrariamente la fuerza para deponer acciones legítimas de los ciudadanos”.
El segundo punto impugnado por los diputados es la violación a los principios democráticos en que se fundamenta el sistema de gobierno, ya que consideran que con la Iniciativa 6076 se limita el goce de derechos reconocidos en la Constitución Política, especialmente la libre emisión del pensamiento.
Asimismo, los congresistas argumentaron que la iniciativa viola el acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en la sociedad democrática.
Pide opinión a la CC
Tras una semana de manifestaciones en contra del trámite de la iniciativa con la que se buscaba facultar a las fuerzas de seguridad para el uso de la fuerza contra manifestantes, los diputados acordaron, en la sesión de jefes de bloque, que la Iniciativa 6076 fuera enviada a la Corte de Constitucionalidad (CC) para que la misma fuera estudiada por los magistrados y emitieran una opinión.