Lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias es de lo que padecen en todas las esferas de gobierno y son las denuncias que valientemente ha hecho Jose Rubén Zamora, y por supuesto es lo que no le perdonan y tratan de endosárselas a él para silenciar su voz y lograr el cierre de elPeriódico, donde constan los análisis y denuncias que se han hecho contra altos funcionarios y personajes de la vida política del país.
Quienes hoy lo acusan a él y a la fiscal Samari Gómez están embarrados hasta el cuello, no tienen ninguna ética ni solvencia moral para hacerlo, y por ello se prestan para servir a los objetivos del Ejecutivo y de los poderes paralelos que, a través del ataque a Zamora y la paralización de cuentas de elPeriódico, atentan contra la libre expresión y tratan de callar a todo el gremio, las últimas dos leyes aprobadas en tiempo récord en el Congreso de la República, nos dan la pauta de los pasos que están dando para la implantación de un régimen dictatorial.
Pues tal como lo señala la Asociación de Periodistas de Guatemala, la iniciativa de ley 6076, ley para el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad pública y del Ejército de Guatemala, “el Estado busca institucionalizar las ejecuciones extrajudiciales, militarizar la seguridad pública, proteger a los agentes involucrados en distintos delitos y promover impunidad en actos de abuso policial, abuso de autoridad, lesiones graves y otros cometidos en el contexto de las manifestaciones”.
Todo esto representa un marcado retroceso en derechos ciudadanos que no debe ser permitido y no queda más que volver a los tiempos en que con permiso o sin él se salía a las calles dispuestos a enfrentar a las fuerzas de seguridad, pues tal como lo señalan diversas organizaciones los derechos no se negocian, se ejercen sin importar las consecuencias y parece que ese es el objetivo del gobierno, silenciar al movimiento social y a los periodistas.
Tal como lo hemos señalado, hay que unir fuerzas, hay que crear un solo instrumento de lucha, un frente nacional en defensa de derechos y contra cualquier ley o actitud dictatorial del gobierno. Como bien se decía en los setenta, “un paso atrás, ni para agarrar fuerza”. Nuestra plena solidaridad con el ingeniero Jose Rubén Zamora y la fiscal Samari Gómez.