En la medida en que la contraofensiva ucraniana recupera territorios, desalojando a las fuerzas rusas de ocupación, emergen informes acerca de las barbaridades cometidas contra la población local. Bucha, Mariupol, Izium y otros pueblos liberados revelan la existencia de entierros masivos de ucranianos, la mayoría civiles, muchos acribillados con las manos atadas y/o con signos evidentes de haber sido torturados. Numerosos testimonios de quienes fueron detenidos por los invasores describen el montaje de celdas improvisadas donde se les privaba de libertad y se les sometía a crueles tormentos. Observadores internacionales, incluidos de la Organización de Naciones Unidas, comienzan a tipificarlo como acciones propias de genocidio contra una población indefensa. Constituyen crímenes de lesa humanidad que están siendo documentados para encausar –como debe ser—a sus responsables. En fin, son castigos inhumanos infligidos por un ejército de ocupación contra un gentilicio al que desprecia. La excusa–Putin dixit—es su pertenencia a un país que no debería existir como tal. Cínicamente, el nuevo zar ruso buscó legitimar su matanza alegando la necesidad de “desnazificar” al vecino país.