Acción Ciudadana presentó ayer un informe acerca de las contrataciones hechas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el presente año e identificó una serie de deficiencias en las mismas.
Entre ellas está un acuerdo de arrendamiento suscrito entre el magistrado Ranulfo Rojas y la sociedad Extremadura. El convenio fue firmado el 27 de abril pasado y por este el Tribunal aceptó erogar Q2.62 millones.
Por dicha cantidad, la institución estatal podrá utilizar seis bodegas ubicadas en la colonia El Naranjo, zona 4 de Mixco. El alquiler es por un año: inició en mayo del presente año y finalizará en abril de 2023.
Sin embargo, Acción Ciudadana expuso que los inmuebles han sido arrendados desde años atrás. Por tal razón, consideró que la adquisición de bodegas puede ser un opción para evitar el pago de rentas o bien recurrir al leasing (alquiler con opción de compra).
“El alquiler es dinero que se pierde y al final no forma parte de los activos del Estado”, comentó Marvin Flores, analista de la organización de la sociedad civil. Además, el profesional indicó que la gestión de compras en el TSE ha empeorado respecto a 2021.
Esto se debe a que el año pasado el 7 por ciento de los concursos públicos de la institución fueron anulados o declarados desiertos (sin oferentes). Mientras que en el presente ciclo la cifra llega al 17 por ciento.
“No hay planificación de compras en el Tribunal. (Según) el registro de Guatecompras, solo en un año fue presentada de forma completa. Para este año, no tiene presentada la planificación anual de compras de manera integral”, refirió Flores.
El analista añadió que el ente electoral está abusando de la Ley de Contrataciones del Estado, al hacer compras de forma directa (sin cotización o licitación) en un año no electoral.
La normativa detalla que eso solo se puede hacer en los ejercicios fiscales en los que se van a celebrar los comicios. Por su parte, el TSE sostiene que en el decreto con el que se aprobó el presupuesto para 2022 se le facultó para evadir las cotizaciones y licitaciones.
Inspección
Luego de que el TSE aprobara un procedimiento de compra opaco y con el que evita usar Guatecompras para publicar los concursos públicos y recibir las ofertas, la Contraloría General de Cuentas inició una auditoría en la institución.