La Junta de Planificación (JP) gastó fondos federales destinados a medidas de mitigación de desastres en el pago a bufetes de abogados asociados con el Partido Nuevo Progresistas (PNP) que llevaron a corte a pequeños comerciantes que presuntamente incumplían sus permisos de uso o violaban órdenes ejecutivas en medio de la pandemia del COVID-19.