La inflación mantiene el pulso pese a los síntomas de debilitamiento de la economía. Pese a que la escalada se modera, los precios de los principales productos de consumo diario siguen siendo sensiblemente más caros que hace un año. El IPC se sitúo en el 6,8% en noviembre, según el dato adelantado publicado este martes por el INE. Con este, es el tercer mes consecutivo en el que la inflación concede un respiro a los bolsillos con un aumento por debajo del 10%. Sin embargo, a pesar de la moderación en la escalada de precios las consecuencias del ‘rally’ inflacionista ya pesan sobre la economía y también sobre los planes presupuestarios del Gobierno para el próximo año. Entre las partidas más afectadas por el IPC está la de las pensiones. La revalorización de las prestaciones se calcula cada año con el IPC medio resultante de los doce meses previos a noviembre. Con el 6,8% registrado en el penúltimo mes del año, la subida de las pensiones debería ser exactamente del 8,46% , según recoge la ley que entró en vigor a comienzos de este año para fijar la actualización anual de las jubilaciones y resto de prestaciones que ofrece la Seguridad Social. La desviación sobre la previsión del 8,5% con la que había trabajado el Gobierno para la elaboración de los Presupuestos Generales es mínima, de apenas un 0,04%. En términos presupuestarios, la diferencia en el montante de la factura de aplicar la cifra exacta es de apenas 60 millones de euros. Por lo que finalmente el Ejecutivo aplicará la subida anunciada ahora ya más de dos meses para cubrir la pérdida de poder adquisitivo de los más de 9 millones de pensionistas que ya registra la Seguridad Social. Y este compromiso adquirido por el Gobierno de cumplir con este precepto de la ley a rajatabla tiene un abultado coste para las arcas públicas. Concretamente, el organismo que dirige el ministro José Luis Escrivá deberá abonar en concepto de subida de las pensiones unos 15.300 millones de euros. Solo por la subida de casi el 8,5%, que será la más alta de la historia.