El nuevo gobierno de Italia bajo el mando de Giorgia Meloni se ha tomado el orden público como uno de sus primeros focos de atención. Por eso, apenas diez días de jurar como primera ministra ( o primer ministro ), ha aprobado un decreto ley que, de facto, supone la prohibición de las fiestas ‘rave’. El ejecutivo italiano ha introducido en el artículo 5 del Código penal un nuevo tipo de delito que prohíbe «la invasión de terrenos o edificios para reuniones de más de 50 personas que sean peligrosas para el orden público o la seguridad pública o la salud pública «. Quienes organicen o promuevan este tipo de fiestas se arriesgan a una pena de entre tres y seis años de prisión y una multa de entre 1.000 y 10.000 euros. Aunque la redacción del texto no lo dice como tal, esta medida de urgencia se ha adoptado después de que este fin de semana se celebrara una ‘rave’ ilegal en una nave agrícola de Módena , en el centro de Italia, con la presencia de miles de jóvenes italianos y de toda Europa. Este lunes se desalojó después de que el ministro de Interior diera orden a la policía de actuar. Una ley «liberticida», según la oposición La oposición ha calificado esta idea de escándalo, ya que temen que puede usarse para coartar la libertad de reunión en otro tipo de concentraciones, como las protestas estudiantiles o sindicales. Andrea Orlando , del Partido Demócrata (PD), consideró que «la ley antirave hay que leerla con mucho cuidado» porque tiene «castigos desproporcionados que puede que no solo se aplique a las ‘raves’». Código Desktop La mia intervista oggi su @LaStampa https://t.co/vjE8CUA0aU pic.twitter.com/UmhcYtOcCs— Andrea Orlando (@AndreaOrlandosp)
November 2, 2022
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Giuseppe Conte , presidente del Movimiento 5 estrellas, apuntó que esta norma es más propia de un «estado policial». El ministro de Interior, Matteo Piantedosi , ha replicado a estas críticas que «la ley antirave se refiere a la conducta de invasión arbitraria de grandes grupos que constituya un peligro para la salud y la seguridad pública» y que «no lesiona en modo alguno el derecho de expresión y la libertad de manifestación consagrados en la Constitución y defendidos por las instituciones«.