El Gobierno tendrá hasta el 31 de diciembre de 2024 la última palabra sobre cualquier operación corporativa lanzada sobre una empresa española considerada estratégica por una compañía no europea o por una compañía radicada en la Unión Europea pero cuyos titulares tengan su centro de operaciones en un país ajeno a esta zona económica. El denominado ‘escudo antiopas’, que regula la disposición por parte del Gobierno de España de una suerte de ‘acción de oro’ para autorizar o no en última instancia cualquier operación de toma de control de un ‘campeón nacional’ y cuya vigencia vencía el próximo 31 de diciembre , se prolongará dos años más, según han confirmado este lunes a ABC fuentes del Gobierno tras filtrarse la información a los diarios Cinco Días y El País. La prórroga se sustanciará dentro del paquete de medidas ómnibus que el Ejecutivo está ultimando estos días y que dará cauce a la prórroga total o parcial de las medidas de alivio adoptadas en los últimos meses para atenuar el impacto de la subida de precios de la energía y de la inflación sobre hogares y empresas y se vinculará a esa situación de excepcionalidad. El Gobierno no se limitará a prorrogar el escudo vigente en la actualidad sino que dará un paso más en su control sobre los movimientos corporativos de los gigantes empresariales domésticos. Si hasta ahora tenía la posibilidad de bloquear las operaciones de toma de control de una participación superior al 10% en empresas españolas que desde su punto de vista pudieran poner en riesgo la seguridad nacional o el normal funcionamiento de un mercado determinado, a partir de ahora podrá vetar también las que planteen la segregación de determinados activos o unidades de negocio que el Ejecutivo valore como estratégicas. Fuentes del área económica del Gobierno explican que tras dos años de funcionamiento de este dispositivo «se ha detectado que el mismo no ofrece seguridad jurídica suficiente en relación a si el control de las inversiones extranjeras se aplica únicamente a operaciones que se lleven a cabo respecto a empresas españolas, tal y como se señala expresamente en la ley, o si bien es extensible a aquellos casos en los que no se adquiera el control de la sociedad». Ante esta supuesta inseguridad jurídica el Ejecutivo ha decidido reformar directamente la ley sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior del año 2003, en la que se ha amparado para activar este control previo sobre las inversiones extranjeras, para extender el mismo a las operaciones de inversión en que se adquieran activos o ramas de actividad sin forma societaria «con el fin de preservar la integridad del control de inversiones y ofrecer las debidas garantías jurídicas a los inversores», algo además que consideran urgente. El llamado ‘escudo antiopas’ se activó de forma urgente en marzo de 2020 para proteger a las grandes empresas españolas del potencial apetito de los grandes inversores extranjeros en un contexto en el que la pandemia hundió la capitalización bursátil de las principales compañías domésticas y la puso a tiro de los inversores. La maniobra se hizo con el visto bueno de Bruselas, que en un contexto de creciente proteccionismo en las grandes áreas económicas globales optó por priorizar la protección de las empresas europeas sobre el principio de libre circulación de capitales que rige en la UE.