Disminuido entusiasmo ciudadano por las elecciones

El pasado viernes 20, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), venido a menos debido a la politización de su magistratura, que ha redundado en su falta de independencia e imparcialidad, convocó a la celebración de elecciones generales. En todo caso, según el Informe Latinobarómetro 2021, Adiós a Macondo, el TSE solo goza de un 17 por ciento de confianza ciudadana.

Sin duda, los guatemaltecos añoran aquella primera magistratura del TSE (1983-9), presidido por Arturo Herbruger Asturias, que garantizó las primeras elecciones justas, libres y limpias en nuestro país, relegando a los basureros de la historia los escandalosos fraudes electorales perpetrados bajo la conducción del envilecido Registro Electoral durante los regímenes militaristas (1970-82).

En todo caso, el proceso electoral 2023 se regirá por la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), que no tiene un marco conceptual de referencia en la Constitución, que era lo lógico, ya que así lo determinaron los constituyentes en 1985, por lo que el sistema político electoral ha venido siendo manoseado por la clase política desde 1986, a través de enmienda tras enmienda de la LEPP, favoreciendo su propio interés politiquero y no el interés general. 

La última reforma de la LEPP se cocinó en 2016, en la que: 1) Se otorga al TSE la potestad discrecional de inscribir o no candidatos a cargos de elección popular, que supuestamente hubieren hecho campaña anticipada; 2) Se criminaliza la libertad de emisión del pensamiento; 3) Se confiere a la autoridad electoral la aplicación discrecional de sanciones a los partidos políticos, incluso por incumplimiento de las reglas de financiamiento político; 4) Se asigna al TSE el monopolio de la propaganda electoral a través de los medios de comunicación que se registren y que sean autorizados por el TSE, durante escasos 3 meses, lo que es insuficiente para que los que compiten por primera vez se den a conocer, extremo que vulnera el principio de igualdad política; 5) Se proscribe el debate político, bajo pena de que el TSE no inscriba a los potenciales candidatos, aduciendo campaña anticipada; 6) Se alienta la proliferación de candidatos presidenciales, bajo la amenaza de cancelación de los partidos; 7) Se exige, para la inscripción de candidaturas, la “Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos”, extendida selectivamente por la Contraloría de Cuentas, con lo que se vulneran los derechos de presunción de inocencia, de defensa, al debido proceso y a la tutela judicial eficaz; 8) Se mantiene festinadamente la elección de diputados por lista cerrada (bloqueada), en menoscabo de la democracia representativa; y 9) Aunque se habilita la anulación de elecciones por voto nulo, esta solo ocurre si el voto nulo alcanza una imposible mayoría absoluta.

Por otro lado, durante el proceso electoral 2019, el TSE inscribió, no inscribió y canceló, a su discreción, candidaturas; aplicó selectivamente el criterio meritocrático (capacidad, idoneidad y honradez), para no inscribir candidaturas; reguló los debates, entrevistas y foros con candidatos en los medios de comunicación; y prohibió que los fiscales de los partidos y los integrantes de las juntas receptoras de votos portaran celulares, a la hora del conteo de votos. Además, se presentaron anomalías e irregularidades en centros de votación aislados, en cuestión de digitalización de resultados, así como en la asignación de propaganda a través de medios de comunicación.

Por supuesto, a estas alturas, la ciudadanía está consciente de la disfuncionalidad del sistema político, por lo que el proceso electoral 2023 genera desconfianza y no despierta entusiasmo.