¿La embarramos?

Lord Acton decía que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. En Guatemala decimos que “de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno”. Ambas frases describen a la perfección el trabajo y la actuación de la CICIG en Guatemala. La idea de atacar los poderes fácticos que debilitan nuestra institucionalidad y por lo tanto agrandan la desigualdad, era muy buena. Para hacerlo pues contar con financiamiento y el “peso” de la comunidad internacional aparentaba, en papel, que sería exitoso. Pero cuando no había pesos y contra pesos en la gestión de los comisionados, los tres que tuvieron ese puesto dejaron mucho que desear en su gestión. El más “famoso” fue el Comisionado Velásquez que no solo no logró el cometido de desarmar los poderes fácticos, sino que generó un problema mayor puesto que convirtió la lucha contra la corrupción en una pelea ideológica.

La justicia debe ser pareja y todo aquel que comete delitos debe ser sujeto a todo el peso de la ley. NO importa quien sea. Si existían pruebas de los abusos e ilegalidades cometidas por el señor Velásquez, es realmente una reverenda metida de pata esperar tanto tiempo para denunciarlo y pedir su captura. Primero porque puede sonar a venganza más que búsqueda de justicia. Pero lo que NO tiene excusa es que hoy, siendo Ministro de Defensa de un país amigo, el problema deja de ser “personal” y se convierte en un enredo nacional. ¿Alguien habrá medido el impacto de “ofender” a Colombia? Porque muchos colombianos comparten mi opinión y no aprueban al Señor Velásquez, pero él es Ministro colombiano y a nadie le gusta que se metan con sus asuntos internos.

Guatemala tiene millones de dólares de inversiones colombianas en la banca, la generación y distribución de energía eléctrica, y muchas otras. ¿Qué va a pasar si nuestra “embarrada” diplomática es contestada con un “berrinche” del Ejecutivo colombiano? ¿Cuántos guatemaltecos pueden ver en riesgo su empleo? ¿Sus exportaciones? Sus relaciones comerciales con Colombia. Repito, nadie es superior a la ley guatemalteca dentro de la República de Guatemala. Pero acusar a alguien que contaba con permiso para ser irresponsable acá, que lo fue, y encima es funcionario de la República de Colombia es un problema que no sabremos cómo va a terminar, pero que seguramente no será positivo para Guatemala.