El lunes 23 de enero, mientras los maestros, profesores y empleados públicos de distintos sectores se movilizaban para exigir remuneraciones dignas, un grupo de simpatizantes del oficialismo –muchos de ellos trabajadores del Estado presionados por sus jefes inmediatos- salieron a protestar contra las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Como bien se sabe, esas penas se han aplicado por el giro autoritario e ilegítimo de su gobierno, por la permanente violación de los derechos humanos y por la corrupción de algunos miembros de su entorno. La orden de movilizarse fue dictada por Miraflores. En Caracas y en ciudades como Valencia, se registraron marchas poco concurridas. El llamado del Gobierno no convenció a la gente.