La asamblea extraordinaria de la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes) celebrada ayer acordó por unanimidad interponer un recurso contra el Ministerio de Educación y Formación Profesional por la decisión de conceder el pasado mes de diciembre hasta 30 millones de euros de subvención directa a CEOE, Cepyme y UGT en concepto de digitalización del sector productivo, dentro del marco de las ayudas europeas del programa Next Generation . Según ha podido confirmar ABC, la denuncia contra el ministerio dirigido por Pilar Alegría se presentó ayer por la tarde en la sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, en lo que es, de hecho, un nuevo capítulo en la estrategia de presión que mantiene Conpymes contra el Gobierno y el resto de organizaciones empresariales para que se les vea reconocida su representatividad en el diálogo social. «Llegaremos a todas las instancias que haga falta, Tribunal Constitucional, Tribunal de Justicia de la Unión Europea…», apunta a este diario José María Torres, presidente de Conpymes, convencido de que, como ya sucedió en Cataluña y Baleares, se acabará reconociendo legalmente a esta organización su papel como representante y voz de las pymes españolas. Una representatividad que reclaman en detrimento de Cepyme, «organización dependiente de CEOE a la que no se le conoce un posicionamiento distinto a esta en toda su historia», apunta Torres. Es en este contexto en el que Conpymes interpondrá recurso en el TS contra el Ministerio de Educación por el real decreto con el que se concede una subvención máxima de 15,3 millones de euros a CEOE, 5,1 a Cepyme y 10,2 a UGT para formar a trabajadores, en unas ayudas compatibles con otras destinadas para el mismo fin de cualquier otra administración. Para Conpymes se trata de una «cacicada» y una concesión de ayudas directas realizada con una « total falta de transparencia «, sin atender el acceso »en igualdad de condiciones de todas las organizaciones« a este tipo de ayudas. Desde Conpymes se recuerda que fue el mismo Ministerio de Trabajo y Economía Social el que, ante su demanda de ser reconocidos como interlocutores del diálogo social, reconoció que no había un sistema de acreditación de la representatividad empresarial, a diferencia de lo que sí sucede con la representación sindical. »Si un día el Ministerio nos reconoce que no hay manera de medir nuestra representatividad, y que esta se establece por presunción, no es aceptable que cuando se den subvenciones se haga de manera abitraria. ¿Qué requisitos se han seguido?«, cuestiona el presidente de Conpymes. »Se reconoce una pseudo-representatividad a algunas organizaciones que tienen menor implantación«, añade el presidente de Conpymes en alusión a Cepyme, la filial de CEO para la pequeña y mediana empresa. MÁS INFORMACIÓN noticia No La CEOE pide flexibilizar el acceso de las empresas a los fondos europeos y reducir la burocracia Desde su nacimiento en mayo de 2021, Conpymes defiende la necesidad de acabar con la «anomalía» que, a su criterio, supone que la organización reconocida por el Gobierno para representar a las pymes sea «en realidad una organización dependiente de la CEOE, y sin criterio al margen de esta». Si la presencia de la vicepresidenta Yolanda Díaz y la mujer del presidente Pedro Sánchez en la presentación de Conpymes se leyó como un aval del Gobierno a la misma en su intento de erosionar a la CEOE, su exclusión de la mesa de diálogo social demuestra precisamente lo contrario, insiste Torres desde Conpymes. Camino de una larga batalla judicial La batalla por arrogarse la representatividad de las pymes en España se acabará dirimiendo probablemente en los tribunales, tal y como ya sucedió en Cataluña. Allí, el pleito entre Pymec y Fepyme (la organización de pymes de Fomento del Trabajo) no se resolvió hasta pasados doce años y ocho procesos judiciales. El acuerdo se alcanzó en 2019: finalmente, Pymec, ahora dirigida por Antonio Cañete, fue reconocida como representante de las pequeñas y medianas empresas catalanas, mientras que Fepyme acabó siendo integrada en Fomento.