El escudo contra la inflación dispuesto por el Gobierno en los últimos meses a golpe de rebajas fiscales, subvenciones y ayudas a hogares vulnerables podría haber conseguido el mismo nivel de protección sobre los ciudadanos más afectados por la espiral inflacionista con un gasto entre un 50% y un 75% menor. Esa, al menos, es la conclusión a la que ha llegado el Banco de España, que señala que el enfoque excesivamente generalizado de las medidas dispuestas desde La Moncloa ha disparado en exceso su coste presupuestario y podría incluso haber tenido efectos contraproducentes, provocando un cierto impulso a la inflación. El Banco de España, que estima entre 34.000 y 40.000 millones de euros la factura que el escudo antiinflación del Gobierno va a pasar a las arcas públicas en el periodo 2021-2015 – para hacerse una idea es la cantidad equivalente al gasto en políticas públicas no recurrentes (pensiones, prestaciones por desempleo, devoluciones fiscales…) del Gobierno en un ejercicio-, ha decidido analizar el impacto sobre la redistribución de tres de las medidas más emblemáticas adoptadas por el Gobierno: las rebajas de IVA sobre la electricidad y el gas, la rebaja del IVA de los alimentos y la bonificación de 20 céntimos al litro de carburante. Lo que descubre es que todas ellas, que han supuesto un consumo de recursos presupuestarios de unos 10.000 millones de euros al año, han costado un mayor volumen de recursos presupuestarios a cuenta de las rentas más altas que de los hogares más vulnerables y que en el caso de la bonificación de 20 céntimos incluso ha generado un mayor ahorro relativo a las rentas más acomodadas. El informe de la institución señala que si se hubiera optado por abonar un pago único a las familias se podrían haber conseguido los mismos niveles de protección de los hogares más vulnerables pero consiguiendo ahorros presupuestarios de entre 4.790 y 7.484 millones de euros , es decir, reduciendo la factura fiscal entre un 50% y un 75%.