El Gobierno intentará desviar parte de los fondos aportados por las empresas a través de la cotización por formación profesional para otros gastos ajenos a los planes de enseñanza y cursos dirigidos a la capacitación de los trabajadores. El Ministerio de Trabajo capitaneado por la vicepresidenta Yolanda Díaz ha iniciado una ofensiva legislativa para detraer el excedente de la recaudación de esta cuota que abonan empresas y trabajadores para un uso ajeno al inicialmente previsto en la ley: facilitar e impulsar la formación de los empleados en las empresas para favorecer la adaptación de los empleados a los nuevos entornos profesionales y garantizar una mayor estabilidad en sus puestos. El Ejecutivo plantea ahora que si se produce superávit de recaudación se pueda integrar el dinero en el presupuesto del ministerio y ser destinado a otras partidas, como políticas activas de empleo, y lo hace a través una carambola que modifica en la actual Ley de Empleo, en trámite en el Senado, parte de la legislación específica para la formación de trabajadores en el mercado laboral. Se incluye así en el artículo 65 de la Ley de Empleo la posibilidad de disponer de este excedente. Será cuando la recaudación rebase los 2.000 millones durante dos ejercicios consecutivos. Y el excedente que no se gaste se incorporará al presupuesto del Ministerio. Noticias Relacionadas estandar No consejo de ministros Las empresas deberán mantener tres años como mínimo al trabajador con un contrato bonificado Gonzalo D. Velarde estandar Si Trabajo impide bonificar a un investigador ya con un contrato fijo si no pasa antes tres meses en paro Gonzalo D. Velarde «Cuando el remanente de tesorería afectado a financiar el Sistema de Formación en el trabajo, calculado a 31 de diciembre de cada ejercicio, supere los dos mil millones de euros durante dos ejercicios consecutivos, podrá utilizarse en el ejercicio siguiente, para financiar programas o servicios de políticas activas de empleo siempre que incluya la mejora de las competencias profesionales, en la cuantía máxima que exceda los dos mil millones de euros citados», señala el texto pendiente de aprobación definitiva a expensas de superar las enmiendas del Senado. Precisamente, el PP se ha echo cargo de esta preocupación que levanta en las empresas la medida. Fuentes de la patronal denuncian que, de facto, el uso de este dinero para otra cosa que no sea la formación de empleados supondría aplicar un impuesto al trabajo, pues la aportación perdería la condición de contributividad que le otorga la legislación actual. Así, los ‘populares’ han introducido una enmienda de modificación de la nueva redacción del artículo 65 de la Ley de Empleo, que prevé esta posibilidad de disponer del excedente, en la que se esclarece que los remanentes de la recaudación de la cuota del 0,7% de formación profesional «se incorporarán automáticamente a los créditos correspondientes al siguiente ejercicio, volviéndose a destinar al sistema de formación profesional». Justifica el PP que «es imprescindible que se incorpore la automaticidad en este procedimiento para que no esté sujeto a ningún criterio subjetivo». Según los sindicatos, desde 2015 se han acumulado 5.000 millones de remanente de cuotas por formación. De media, se recaudan 2.100 millones anuales de los que 900 millones quedan sin gastar ni asignar a las comunidades. La maniobra, más allá, ha levantado ampollas entre los empresarios. Fuentes de la patronal ahondan en la idea de que se trata de una aportación contributiva, es decir, las empresas cotizan por esta contingencia pero a cambio debería poder optar a los cursos que la administración licite precisamente con cargo a estos fondos. El erial de los cursos Sin embargo, como explica a ABC el presidente de Asociación, Formación y Empresa (AformaE), José Luis García Guglieri , el terreno de la formación para empleados en las empresas en España se parece cada vez más a un erial. Sobre la formación subvencionada, la que se financia con estas cotizaciones por formación, el experto señala varias deficiencias que están provocando que cada vez menos compañías se acojan a los cursos ofertados. Así, señala que uno de los principales problemas está en la antigüedad de los catálogos de tarifas con los que trabaja el SEPE a la hora de configurar su concurso público de adjudicación de los cursos que después ponen a disposición de las empresas los servicios de empleo autonómicos. «Los precios fijados en la norma son 2004, existen muchas limitaciones para las empresas ala hora de acceder a la formación subvencionada », señala el experto como uno de los principales obstáculos. MÁS INFORMACIÓN El Gobierno subvencionará hasta 20 tipos de contratación en 2023 para sostener la creación de empleo El trabajador a cargo del becario tendrá una rebaja en la cotización de hasta 80 euros al mes Además, Guglieri critica que tampoco se ponen las condiciones para impulsar la formación bonificada para empleados, cuyo pago adelantan las empresas y se deducen posteriormente del pago de seguros sociales.