La rebaja de IRPF aprobada por el Gobierno para reducir en unos 400 euros de media la carga fiscal de los alrededor de cuatro millones de contribuyentes que ganan 21.000 euros o menos al año puede acarrear efectos indeseados. Un informe difundido este martes por Esade EcPol, el laboratorio de ideas de políticas públicas de la escuela de negocios al frente del cual está el ex portavoz de Economía de Ciudadanos Toni Roldán, advierte de que la medida ahondará en los desajustes que ya tenía el Impuesto sobre la Renta en su tratamiento a las rentas medias y bajas y, probablemente, provocará una desbandada de contribuyentes que reducirá el número de declarantes de IRPF y por consiguiente el control que Hacienda puede ejercer sobre los ciudadanos situados en esos tramos de renta. «Si hasta 2022 había varios millones de españoles que obtenían rentas en el IRPF y no presentaban declaración, ahora previsiblemente habrá más porque habrá más contribuyentes que, si presentasen la declaración, no teniendo obligación de hacerla, tendrían que pagar varios cientos de euros», advierte el informe, elaborado por Carlos Victoria, consultor del Banco Mundial en temas relacionado con protección social, y Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y autor de varios libros sobre política fiscal. Se refieren, en concreto, a la distorsión que se genera por el hecho de que la retención en nómina que se aplica entre los 15.000 y los 21.200 euros según la normativa del IRPF se sitúe por debajo de la cuota fiscal que habría que pagar en caso de hacer la Declaración de la Renta. Esa brecha fiscal hace que para todos los contribuyentes con rendimientos situados dentro de esa horquilla sea mucho más barato no presentar la Declaración de la Renta -que no es obligatoria salvo para los que perciban rendimientos por encima de los 22.000 euros- que hacerlo, porque en tal caso tendrían que pagar una factura fiscal mayor a la que se deriva de las retenciones en nómina que se la han ido practicando durante el año. Los autores ilustran el fenómeno con el caso extremo de un contribuyente soltero y sin hijos con una renta de 15.000 euros anuales, que en el nuevo marco normativo no está sometido a retención (se ha elevado ese umbral de los 14.000 a los 15.000 euros, también para adaptarlo al nuevo SMI), pero que en el caso de presentar la Declaración de la Renta tendría que abonar 387 euros por la aportación marginal que le corresponde por el IRPF. La lógica financiera indica que optará por no declarar. La reforma del Gobierno ha agravado un fenómeno que ya se observó tras la aprobación de la reducción especial sobre los rendimientos del trabajo en 2018, con el Gobierno del PP, salvo que en ese caso se limitaba a las rentas de menos de 18.000 euros. Hablamos de un tramo de renta en el que se ubican más de cuatro millones de declarantes .