La Fiscalía denunciará al Barcelona como persona jurídica, como ya adelantó Salvador Sostres en ABC , por los pagos millonarios realizados a José María Enríquez Negreira durante su etapa como vicepresidente del Comité Técnico Árbitros (CTA). La denuncia, según ha avanzado este martes ‘El País, acusará a la entidad azulgrana de corrupción en los negocios , delito que entró en vigor con la reforma penal de 2010 y que incluye el fraude en el ámbito deportivo. Según otros medios, el Barça también será denunciado por administración desleal y falsedad documental. Además de contra el Barcelona, la denuncia, ya remitida a la Fiscalía General del Estado, también se interpondrá contra Enríquez Negreira, así como contra Josep María Bartomeu, expresidente del club azulgrana, y los miembros de su equipo directivo que eran responsables de los pagos. El delito de corrupción continuada se contempla en su modalidad continuada, lo que supone una mayor gravedad de las penas, porque los pagos se realizaron ininterrumpidamente al menos desde 2001 hasta julio de 2018, cuando el equipo directivo presidido por Bartomeu puso fin a esas prácticas. Joan Laporta , actual presidente del Barcelona, ha asegurado este martes que el club azulgrana «nunca ha comprado árbitros», tras las sombras generadas por el denominado caso Negreira. «Que quede claro que el Barça nunca ha comprado árbitros ni ha tenido la intención de comprar árbitros. Rotundamente nunca», dijo Laporta durante un coloquio al cumplirse dos años de su llegada a la presidencia azulgrana. Noticia Relacionada Fútbol estandar No Laporta: «Que quede claro que el Barça nunca ha comprado árbitros» Sergi Font El presidente se muestra rotundo sobre el caso Negreira, aunque emplaza a la prensa a una rueda de prensa para dar más explicaciones Según las pesquisas, entre los años 2001 y 1018, Enríquez Negreira cobró casi siete millones de euros por supuestas asesorías arbitrales al Barcelona, pagos que se realizaron a través de dos sociedades instrumentales controladas por el exvicepresidente del CTA, que emitieron facturas ficticias al club azulgrana por «asesoramiento técnico de vídeos». En España, las personas jurídicas, es decir cualquier empresa o entidad, pueden ser declaradas penalmente responsables desde la reforma del código penal llevada a cabo por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Desde esa reforma, una persona jurídica es penalmente responsable cuando los delitos se cometen por su cuenta o en su nombre, por sus representantes legales y administradores.