« Máxima preocupación » por la entrada en vigor del Estatuto del Becario . Es el diagnóstico inicial que han hecho los vicerrectores de estudiantes y responsables de las oficinas de empleo de las universidades españolas, que este jueves han enviado una carta al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá , recogiendo su parecer sobre los cambios previstos sobre las prácticas estudiantiles. En la misiva enviada a Escrivá, que ha sido consultada por ABC, las universidades han puesto el foco en la entrada en vigor de «la obligatoria cotización a la Seguridad Social de todos los y las estudiantes que se encuentren realizando prácticas académicas externas a partir de la fecha de 1 de octubre de 2023», al tiempo que reprochan que desde la publicación del Real Decreto-ley, «no hemos recibido ninguna comunicación ni instrucciones claras desde su Ministerio en relación con el procedimiento a seguir». Noticia Relacionada estandar No El punto que hace tambalear la aprobación del Estatuto del Becario Gonzalo D. Velarde El Gobierno acelera para llevar a la Diputación Permanente el decreto ley para ser convalidado Según los firmantes, pese a que el RD-Ley 2/2023 establece que la obligación de la cotización recae en la empresa o institución receptora de los estudiantes, «las universidades nos estamos viendo abocadas a asumir la cotización de prácticas «no remuneradas», con el fin de garantizar que los y las estudiantes universitarios puedan graduarse», expresan. Aseguran los vicerrectores que esta situación surge debido a dos factores fundamentales: por un lado, que las entidades públicas, donde se realizan el 60% de las prácticas, están solicitando la firma de adendas que incluyan una cláusula especificando que la universidad es responsable de la gestión y el gasto correspondiente; por otro lado, temen que las empresas privadas se sumen a esta solicitud , ya que colaboran con la universidad «al brindar oportunidades de prácticas a nuestros y nuestras estudiantes, pero no están dispuestas a asumir los gastos ni la carga administrativa asociada», insisten. De este modo, esta nueva obligación «supone un gran problema para las universidades, ya que debemos gestionar un elevado número de prácticas para garantizar la formación del estudiantado», recalcan a Escrivá, al tiempo que reclaman «como recursos», el desarrollo de una plataforma informática para poder llevar a cabo la carga de datos necesaria para el proceso de cotización de forma masiva y que permita limitar la carga burocrática; implementar una metodología de altas y bajas simplificada y basada en los estándares de prácticas de los planes de estudio oficiales que todo el estudiantado debe superar como créditos del título oficial; y dotar de los recursos humanos necesarios para gestionar las altas, bajas y control de días de prácticas. «Dada la incertidumbre en la que estamos inmersos y las necesarias adecuaciones en nuestros sistemas de gestión y pese a que lo deseable sería la derogación de la norma , al menos solicitamos con urgencia que se arbitren los instrumentos jurídicos necesarios para demorar un año la entrada en vigor de dicha medida. Además, en dicho período, deberían también adoptarse las medidas oportunas para garantizar que la bonificación alcance al 100% de la cuota de forma permanente o en su caso este coste sea asumido por parte de las entidades», concluye la misiva.