La situación de Venezuela luce terriblemente comprometida en todos los frentes, incapaz de generar condiciones para una vida digna de sus habitantes. De no introducirse cambios drásticos en su manejo, habrá de convertirse en un país fallido. La responsabilidad de tal fracaso recae en la gestión del chavo-madurismo frente al Estado. Redujo la actividad económica en más del 75%; destruyó la moneda nacional –el bolívar—y la capacidad adquisitiva de los venezolanos, perpetuando, durante años, la inflación más alta del mundo; incrementó, aún más, la descomunal deuda externa que dejó Chávez, precipitando una situación de default que aisló al Estado de los mercados financieros internacionales; acabó con las capacidades del Estado por responder a las necesidades de la sociedad, tanto en materia de salud y educación, como con los servicios públicos de agua, luz y seguridad y la infraestructura física; achicó la banca y, con ello, su capacidad crediticia; acentuó las desigualdades sociales, haciendo de Venezuela el país más inequitativo de América Latina; logró el milagro de arruinar a PdVSA, nuestra “gallina de los huevos de oro”; y colocó la explotación de ricos recursos minerales, como de importantes decisiones estratégicas, en manos de cubanos, rusos, chinos, iraníes y de bandas criminales. Nos impuso esta tragedia haciendo un uso extensivo de la represión, disolviendo las garantías ciudadanas y los derechos humanos consagrados en la Constitución. Tal proceder sólo fue posible por la connivencia de un sector descompuesto de la FAN, traidor a la patria, y de jueces y policías corruptos. La Corte Penal Internacional investiga a Maduro y sus cómplices por crímenes de lesa humanidad contra la población.