La inhabilitación política durante 15 años que intenta aplicar el régimen de Nicolás Maduro contra María Corina Machado , favorita para ser la candidata presidencial de las primarias de la oposición que se celebrarán en octubre, carece de validez legal y está viciada de nulidad. Así lo han expresado varios juristas tras conocerse la noticia. Esta saltó cuando, este viernes, el diputado oficialista José Brito , vinculado al grupo de chavistas ‘alacranes’, leyó un oficio de la Contraloría General (tribunal de cuentas) en el que declaraba la inhabilitación contra Machado para ejercer cargos de elección popular durante 15 años, después de una investigación patrimonial por atentar supuestamente contra la «ética pública, la moral administrativa, el Estado de derecho, la paz y la soberanía» de Venezuela. El extraño documento que presentó Brito no está firmado por el contralor general, Elvis Amoroso, sino por Antonio Meneses, director general de procedimientos especiales de la contraloría. La Contraloría General no especificó desde cuándo empezó a contar esta inhabilitación política, ya que en 2015 la institución aplicó esta medida por un año, con el argumento de que Machado no incluyó «conceptos» de carácter laboral en su declaración jurada de patrimonio, lo que le impidió en ese momento postularse como diputada para el Parlamento. Noticia Relacionada reportaje No El chavismo contra el ‘fenómeno María Corina Machado’ Ludmila Vinogradoff La candidata venezolana, favorita en las primarias de la oposición y para derrotar a Maduro en las presidenciales de 2024, asegura que el pueblo está con ella y que seguirá adelante incluso si el Gobierno intenta inhabilitarla El jurista Gerardo Blyde , jefe negociador en la mesa de diálogo por parte de la Plataforma Unitaria de Venezuela, fue enfático en su cuenta de Twitter al señalar que nadie –ni María Corina– puede ser inhabilitado administrativamente. «Solo mediante sentencia judicial penal definitivamente firme puede como pena accesoria impedirse el ejercicio de derechos políticos (Art.65 de la CN). Lo hemos sostenido desde que entró en vigencia la Constitución de 1999. Ni María Corina Machado, ni nadie puede ser inhabilitado administrativamente», subraya. Según el artículo 65 de la Constitución venezolana, «no podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito». Código Desktop Solo mediante sentencia judicial penal definitivamente firme puede como pena accesoria impedirse el ejercicio de derechos políticos (Art. 65 CN) Lo hemos sostenido desde que entró en vigencia la CN de 1999. Ni @MariaCorinaYA ni nadie puede ser inhabilitado administrativamente— Gerardo Blyde (@GerardoBlyde)
June 30, 2023
Imagen para móvil, amp y app Código móvil Solo mediante sentencia judicial penal definitivamente firme puede como pena accesoria impedirse el ejercicio de derechos políticos (Art. 65 CN) Lo hemos sostenido desde que entró en vigencia la CN de 1999. Ni @MariaCorinaYA ni nadie puede ser inhabilitado administrativamente— Gerardo Blyde (@GerardoBlyde)
June 30, 2023
Código AMP Solo mediante sentencia judicial penal definitivamente firme puede como pena accesoria impedirse el ejercicio de derechos políticos (Art. 65 CN) Lo hemos sostenido desde que entró en vigencia la CN de 1999. Ni @MariaCorinaYA ni nadie puede ser inhabilitado administrativamente— Gerardo Blyde (@GerardoBlyde)
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Código APP Solo mediante sentencia judicial penal definitivamente firme puede como pena accesoria impedirse el ejercicio de derechos políticos (Art. 65 CN) Lo hemos sostenido desde que entró en vigencia la CN de 1999. Ni @MariaCorinaYA ni nadie puede ser inhabilitado administrativamente— Gerardo Blyde (@GerardoBlyde)
June 30, 2023
El jurista Alfredo Romero , director de la ONG Foro Penal, ha explicado algunas consideraciones técnicas de la supuesta «inhabilitación política» a Machado a través de Twitter: «La inhabilitación es un acto administrativo que adquiere ‘eficacia’ cuando se notifica al particular. La carta enviada a un tercero no otorga eficacia a ese acto supuestamente de 2015». Por lo que «el acto administrativo que decide la inhabilitación requiere de un procedimiento administrativo previo y respeto al derecho a la defensa. Si esto no existió, el acto estaría viciado se nulidad absoluta», subrayó Romero en redes sociales. Plan ‘B’ María Corina Machado se levanta con más fuerza, vigor y firmeza. Su ‘inhabilitación’ la viene a catapultar como la presidenciable de las elecciones. En la reciente entrevista que concedió a ABC, la candidata afirmó que si gana las primarias, la candidatura unitaria de la oposición le permitirá dirigirse a Maduro de «tú a tú» para exigir unas elecciones presidenciales libres, justas, democráticas y competitivas. «Esas son las condiciones y esa es mi lucha». «Aunque esté inhabilitada seguiré adelante hasta el final. En Venezuela las cosas cambian rápidamente, de un día para otro. Nadie se esperaba que la votación de las primarias fuese manual para evitar la interferencia del chavismo y lo logramos. Y así también podemos conseguir muchas cosas más hasta derrotar a Maduro», explica confiada y optimista. En caso de una inhabilitación para las presidenciales, el plan ‘B’ de la candidata es llamar al día siguiente de ganar las primarias a los presidentes aliados de Maduro, como Gustavo Petro, Luiz Inacio Lula Da silva, Gabriel Boric, Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador, para pedirles sus buenos oficios con el líder chavista para que permita elecciones libres en Venezuela. Y también para que faciliten en sus respectivos países que los venezolanos refugiados puedan votar en el exterior. Condena internacional Tras conocerse la noticia de la inhabilitación, han sido numerosas las muestras de apoyo hacia María Corina Machado, tanto por parte de sus compañeros que compiten en las primarias, como de parlamentarios europeos que repudiaron la maniobra chavista y se solidarizaron con la líder venezolana. La Organización Democristiana de América también se pronunció calificando su inhabilitación de «maniobra para debilitar el proceso electoral y de suprimir de la vida política a la oposición». Por su parte, el Gobierno de EE.UU. condenó la decisión de la Contraloría que «priva al pueblo venezolano de derechos políticos básicos», dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en un comunicado.