Hacienda ha admitido por primera vez en un documento oficial que al Estado le podría tocar asumir las compensaciones derivadas del célebre fallo del Tribunal Constitucional de octubre de 2021 que suspendió durante 15 días la aplicación de la plusvalía urbana y que más adelante ha generado un agujero de recaudación de más de 800 millones de euros a las arcas de los ayuntamientos. En la recién publicada Cuenta General de la Administración del Estado correspondiente al ejercicio de 2022 el Ministerio de Hacienda y Función Pública incluye entre los riesgos a futuro que se podrían materializar en un coste para el Estado las «compensaciones derivadas de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el Impuesto sobre el Incremento del Valor… Ver Más