En la Venezuela gobernada por el madurismo, subclase del chavismo, cualquier acto convocado por la oposición es sometido a la amenaza, la persecución y el chantaje. Basta que los sectores opositores manifiesten su deseo de convocar una concentración, una marcha o, en este caso, la decisión de elegir el candidato unitario a través de la consulta popular, para que se activen todos los mecanismos de intimidación, violencia y coacción con los cuales cuenta el Gobierno. Inmediatamente los opositores entran en el terreno de la incertidumbre: ¿podrá convocarse la marcha?; ¿hasta dónde la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional dejarán llegar a los manifestantes? La respuesta a esta clase de preguntas siempre queda en las nebulosas. Las autoridades responsables de despejar las interrogantes propician los rumores para mantener la confusión.